Transcurrido justo un año desde los pactos de la vergüenza firmados por el PP con Vox y que le garantizaban el poder en cinco comunidades autónomas (Murcia, Castilla y León, Aragón, Comunidad Valenciana y Extremadura) a cambio de meter en los gobiernos a vicepresidentes y consejeros de la ultraderecha, la alianza de las derechas españolas ha saltado por los aires, al menos formalmente. La decisión de los populares liderados por Alberto Núñez Feijóo de asumir que las autonomías en las que gobiernan acepten entrar en el reparto planteado por el Ejecutivo español de 357 menores inmigrantes no acompañados de los casi 6.000 que tienen colapsados los servicios de acogida y ayuda de Canarias, Ceuta y Melilla ha sido el argumento oficial esgrimido por el partido de Santiago Abascal para romper los acuerdos. La excusa es muy elocuente respecto a la ideología radicalmente xenófoba de Vox pero parece obvio que hay otros motivos de índole interna y electoralista. La formación ultra busca desmarcarse de toda connivencia con las políticas, por muy moderadas que sean como las de acogida de niños migrantes, que no coincidan con su batalla cultural como las de garantizar los derechos de los colectivos LGTBI+, contra la violencia de género, la memoria democrática o la inmigración. La irrupción en las últimas elecciones de una fuerza aún más radical en sus repugnantes posturas de extrema derecha encabezada por Alvise Pérez ha encendido las alarmas en Vox, que ha decidido radicalizarse. Su entrada en el grupo europeo más extremista en el que se sitúan los partidos de Orban y Le Pen es otra prueba de ello. Ante esta situación resulta aún más alarmante que haya sido Vox quien haya puesto el cordón sanitario al PP y no al revés, como sucede en Europa. La realidad es que los populares necesitan a la extrema derecha para gobernar comunidades y ayuntamientos y para aspirar a La Moncloa. De hecho, la tibieza con la que Feijóo y los suyos han acogido la ruptura de estos acuerdos parece indicar que aspira a mantener las mismas políticas que llevaba a cabo con los consejeros de Vox en los gobiernos autonómicos, entre otras cosas porque forman parte de su propia base ideológica y porque en el año transcurrido el PP ha sido incapaz de impulsar otras iniciativas para mejorar realmente la vida de la ciudadanía y garantizar sus derechos para todos y todas.