Julian Assange ya disfruta de su libertad tras 5 años de prisión en Reino Unido y más de 14 como objetivo de las sucesivas administraciones estadounidenses, demócratas y republicanas, por la acusación de espionaje a través de la red WikiLeaks en 2010, que el australiano creó cuatro años antes. El caso se resuelve ahora merced a un acuerdo por el que Estados Unidos acepta retirar 17 de los 18 cargos que le imputaba por espionaje y amenazar a la defensa nacional. La memoria puede ser engañosa pero en este caso es muy explícita: la persecución del fundador de la red tuvo su origen en la publicación de hechos veraces que incriminaban a militares estadounidenses en delitos de torturas y violaciones de derechos en Irak y Afganistán. Las referencias de Guantánamo como prisión en la que no aplican los derechos humanos, de las vejaciones y los crímenes de guerra –como el asesinato de civiles– que se conocieron a través de informaciones basadas en documentos clasificados, no habrían salido a la luz de no haberse filtrado. La presunta defensa del secreto oficial encubría delitos cometidos en nombre del interés nacional. El acoso a la libertad de información –se le pedían 170 años de cárcel– adquiere notoriedad por tratarse de un caso que implica a democracias. Esto nos debe escandalizar, aunque es precisamente el sistema de libertades y la diversidad de medios informativos la razón por la que identificamos una amenaza contra la libertad de prensa. En aras del mismo supuesto interés nacional sigue sometido a arresto, sin la debida transparencia de los hechos que se le imputan, el periodista Pablo González en Polonia. El caso Assange retrata que también en las democracias plenas siguen siendo posibles excesos y anima a no bajar la guardia en la vigilancia de los derechos. Assange ha sido una advertencia en manos de intereses que no han obrado en beneficio de la Justicia. Fue detenido en Londres por una orden de arresto emitida en Suecia por un presunto caso de abuso sexual desestimado pero que activó un rocambolesco asilo en una embajada que terminó cuando el Gobierno titular –Ecuador– ordenó su expulsión. Debemos denunciar las maniobras de acoso, intimidación y falseamiento que fueron una mera ocultación de crímenes bajo el paraguas del Estado y una advertencia tácita que constriñe la libertad de prensa. l