La investidura del próximo president del Govern catalán pasa por un acuerdo entre diferentes. Bien sea por la reedición del pacto del Tinell, que situó al soberanismo de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en la base del apoyo de un gobierno del Partido Socialista de Catalunya (PSC), bien por la del frustrado punto de encuentro entre tradiciones soberanistas. La elección de ERC no es sencilla. No se limita a optar por Salvador Illa o Carles Puigdemont, sino alcanzar con el primero un margen de reconocimiento incontestable mediante un trasfondo contrastable para la ciudadanía catalana –mejor gestionado que el acuerdo sobre la amnistía que supo capitalizar Junts–, o reforzar el liderazgo del segundo en el mercado electoral soberanista y estar dispuesto a seguir la estela de la pauta de relación que marque con el Estado. Con independencia del grado de inestabilidad que viven los republicanos, en favor del acuerdo con el PSC opera la expectativa de un pacto sobre financiación. Esquerra aspira, 44 años después de rechazarlo Jordi Pujol, a un sistema de concierto y cupo como el de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) y la Foral de Navarra. La respuesta de Pedro Sánchez, ofreciendo una “financiación singular” no clarifica la profundidad de la misma, que es mucha por sus implicaciones sobre el modelo territorial del Estado. Semánticamente, es motivo de reacción que vuelve a alimentar el reproche de privilegios a todo lo que no sea un mecanismo financiero y fiscal homogeneizador. Un peligroso y reiterado discurso que señala a los regímenes fiscales diferenciados y oculta bajo su agitación el auténtico principio de corresponsabilidad del que adolece el sistema de régimen común. Con mayor alcance competencial y sin el colchón del Estado, el modelo fiscal propio se agita para ocultar la insolidaridad que se profundiza con cada reforma del sistema de financiación autonómica del régimen común. Un sistema que permite reducir impuestos –IRPF y Sociedades– a autonomías ricas como Madrid y reclamar luego que la compensación a las más dependientes se pague a escote, mientras las empobrece amparándose en su capitalidad. El autentico debate debería ser la corresponsabilidad, sin la que no es posible la solidaridad interterritorial. En su ausencia, solo habrá esquemas de incautación de recursos ajenos.