La Ley estatal de Vivienda ha llegado al Parlamento Vasco sin que se haya aprobado todavía y con varios días de margen para ampliar el deseable consenso en torno a su articulado. Un indicio más de la prisa excesiva con la que sus promotores están gestionando un asunto de calado, condicionado por la indisimulada intención de sacarla adelante en vísperas de las elecciones del próximo 28 de mayo y convertirla en eje de la propaganda electoral. EH Bildu y Elkarrekin Podemos llevaron ayer a sesión de control en Gasteiz preguntas al lehendakari sobre un texto que no deja de ser un proyecto que ni existe legalmente y sobre el que no se acredita su seguridad jurídica. No deja de ser significativa la pretensión de obtener ruido en torno a una norma que no casa con la función de control al Ejecutivo vasco, menos aún en la fase de tramitación en la que está. Pero el debate se ha planteado en términos de autopublicidad por los promotores de la ley y la sesión de ayer en Gasteiz solo sirvió para que sus valedores en la oposición defendieran la exigencia de que se impongan sus contenidos pactados en Madrid eludiendo las dudas fundadas sobre la invasión competencial exclusiva de las Comunidades en esta materia. El lehendakari, que pidió que el debate se asiente en sus plazos correctos y sobre un texto firme que aún no existe, apuntó algunas carencias y preocupaciones sobre el articulado y el modo en que las medidas que contiene la ley someten a criterio del Gobierno del Estado cualquier política de vivienda. Euskadi lleva 40 años promoviendo vivienda pública en propiedad y alquiler y cuenta con el mayor parque de alquiler protegido por habitante en todo el Estado. Las políticas definidas con baremos ajenos a esa realidad e impuestas por ley básica no solo son cuestionables en su efectividad sino que pecan de inseguridad jurídica que las hace recurribles. La centralización de registros de propiedad en el Estado y el control de todas las políticas públicas de cualquier administración “alineándolas” para acabar imponiéndolas, como admitió el propio Pedro Sánchez esta semana, son aspectos de evidente invasión competencial. Exige una adaptación de la norma en la fase de tramitación mediante la negociación, que es lo único que puede salvar del conflicto y la ineficacia una iniciativa necesaria y mejorable.