l turbio regreso del rey emérito, su recibimiento en Sanxenxo y su impúdica exhibición de indolencia y displicencia durante su estancia están generando una nueva tormenta política cuyos términos, en fondo y forma, no deberían quedar una vez más en la retórica. Juan Carlos I no solo no ha dado una sola explicación sobre sus manejos, escándalos y situaciones fiscales -incluida su autoinculpatoria regulación que, sin embargo, le ha librado de la imputación- y legales ni de su huida a Abu Dabi, sino que parece estar actuando al margen tanto del actual rey, su hijo Felipe VI, como del Gobierno. Es obvio que con su calculado aterrizaje el emérito busca iniciar su blanqueamiento para un futuro regreso, posiblemente no a mucho tardar, que sería definitivo. El pulso mantenido con Moncloa y la Casa del Rey es reflejo de una actitud de soberbia que le ha acompañado durante su reinado. El debate, en todo caso, no debe ser -no puede ser- dónde puede o debe pernoctar o residir el antiguo monarca o si tiene que ver al rey antes o después de irse de regateo. En primer lugar, y antes de que la tormenta política por su regreso amaine, como posiblemente sea su propósito, se impone la obligación política y ética de dar explicaciones a la ciudadanía en cuyo nombre ha reinado. Debería ser un imperativo para cualquier demócrata. Asimismo, y aun sin entrar en la discusión sobre la monarquía como forma de jefatura del Estado, es necesario al menos abrir el melón del irrenunciable control democrático sobre la institución y las actuaciones de la Casa Real, así como de la figura de la inviolabilidad del rey, cuya interpretación excesivamente laxa e interesada ha pervertido su verdadero y original sentido. Todo indica, sin embargo, que este nuevo episodio de impunidad tampoco servirá para abordar las necesarias reformas que sirvieran para dotar cuando menos de cierto control democrático y transparencia a la monarquía y abrir un debate real y riguroso sobre su papel avanzado ya el siglo XXI. La misma razón de Estado que está impidiendo otras reformas o una investigación en estamentos e instituciones impone el mantenimiento de una situación que objetivamente favorece la impunidad, con la aquiescencia de los dos partidos llamados aún a formar gobierno, PSOE y PP. Quizá el bochorno del emérito en Sanxenxo sirva para abrir una brecha que permita un nuevo escenario a futuro. l