a plena normalidad más allá de los problemas que pudieran ser habituales, así como las previsibles polémicas artificiales que se han demostrado inconsistentes, caracteriza el transcurso de los primeros seis meses desde la asunción de la competencia de Prisiones por parte del Gobierno Vasco. Las decisiones más discutidas en las últimas semanas desde sectores de la derecha, como son las progresiones de grado a presos de ETA, han sido avaladas, además de por quienes hacen legalmente las propuestas -las juntas de tratamiento de las cárceles-, por la Audiencia Nacional, órgano al que corresponde la decisión final y que solo ha recurrido una de las ocho concesiones en cuestión, la relativa al histórico dirigente José María Arregi Erostarbe Fiti. Las progresiones de grado son, junto a otras medidas, una de las fórmulas de humanización de las prisiones y de la política penitenciaria a activar por cualquier institución competente y que el Gobierno Vasco se comprometió a aplicar desde el mismo momento de la asunción de la gestión de las cárceles de Euskadi. Su siguiente apuesta, según anunció ayer, es la puesta en marcha de una estrategia de justicia restaurativa que puede calificarse de pionera y que supone un gran paso adelante en la gestión y resolución de los conflictos y en la involucración de las víctimas de los delitos y de los victimarios, y también de la sociedad, en la respuesta a las ofensas o infracciones a la ley. Frente a la ya conocida justicia punitiva tradicional orientada a perseguir, castigar y apartar de la sociedad a las personas que han causado daño, esta metodología, avalada por la ONU, reconoce a la víctima y le devuelve el protagonismo que merece y, al mismo tiempo, pone en valor el hecho de que el propio causante o victimario deba tomar conciencia del daño que ha causado y repararlo. Aunque este modelo remite a los denominados “encuentros restaurativos” entre presos de ETA y víctimas de la banda, que dieron buenos resultados -el caso más conocido es de Maixabel Lasa-, la justicia restaurativa va mucho más allá y tiene la vocación de ser clave en el sistema vasco de ejecución de penas, independientemente del delito de que se trate. Un modelo que ya está contrastado en conflictos y delitos leves pero que ahora se convierte en la clave de bóveda de un sistema penitenciario vasco más humano, que beneficia a víctimas y victimarios y a la sociedad en general.