a agenda del presidente Pedro Sánchez debería estar marcada por la prioridad de restablecer los mecanismos de estabilidad que sus últimas iniciativas han dejado deshilachadas. La reforma laboral ha dejado abiertos desencuentros con sus socios de referencia -vascos y catalanes- ha quemado la baza de los apoyos puntuales hacia la derecha -con la fractura en UPN- y ha reducido la exigua mayoría por la pérdida de un escaño de Unidas Podemos -mientras no decida el Tribunal Constitucional sobre la inhabilitación de Alberto Rodríguez-, además del relevo pactado del parlamentario de Nueva Canarias por Coalición Canaria, menos proclive a Sánchez. En este marco, el Gobierno español, que tensionó a sus socios con un acuerdo inamovible con sindicatos y patronal españoles sobre mercado laboral, se ha precipitado a romper a su vez el consenso en la mesa social con una subida del Salario Mínimo Interprofesional no acordada con la CEOE. Un movimiento que, con independencia de su oportunidad para paliar el impacto del auge de los precios en los niveles retributivos más bajos, desmonta el principio por el que el gabinete de Sánchez se enrocó en no modificar la norma pactada en la mesa de diálogo social: priorizar y proteger sus acuerdos. En el caso del SMI, el Gobierno está reproduciendo el error de Mariano Rajoy con su polémica reforma laboral: adoptarla unilateralmente, sin consenso con una parte de la mesa de diálogo social. En aquella ocasión, los sindicatos; en esta, la patronal. Y en ambas, de espaldas a la aportación y el debate parlamentario con el agravante de que esas prácticas que acabaron aislando al PP y dificultando acuerdos se sustentaban en una mayoría absoluta de la que el tándem PSOE-Unidas Podemos no dispone. Tiene agenda legislativa el Gobierno para demostrar su sensibilidad hacia quienes le han dotado de estabilidad hacia la fecha y tiene una gestión clave de los fondos europeos este año que es imperioso gestionar con claridad y la participación de quienes disponen de mecanismos para su aplicación en el ámbito autonómico. En el caso de Euskadi, resulta además incluso sonrojante tener que continuar recordando los compromisos incumplidos en materia de transferencias o las costosas negociaciones para la materialización del IMV o el TAV. Sánchez mantiene en un inestable hilván sus relaciones con aquellos a quienes debe su presidencia y es un riesgo innecesario.