a reducción de la temporalidad y la interinidad del personal al servicio de las administraciones públicas, cuyo número ha crecido de manera desmesurada y desordenada en los últimos años, se ha vuelto una necesidad urgente. La actual situación, con más de 600.000 trabajadores interinos en el Estado y casi 60.000 en Euskadi, a lo que hay que añadir un importante número de jubilaciones previstas en los próximos años, es de todo punto insostenible. También es una reivindicación histórica de los sindicatos y de los propios colectivos de interinos. Asimismo, la Comisión Europea ha instado de manera reiterada al Estado español a una drástica reducción de la temporalidad en la administración, cuestión que Bruselas incluso vincula a la recepción de los fondos europeos. Hay que tener en cuenta, también, que esta alta temporalidad ha generado un problema no solo a las administraciones que deben gestionarlo, sino a los propios trabajadores en situación incierta y también a toda persona que quiera acceder a una plaza pública mediante la correspondiente oposición. La cuestión, sin embargo, no tiene una solución sencilla, porque hay en juego intereses y derechos contrapuestos y cualquier salida tiene que contar con la imprescindible garantía jurídica y, en consecuencia, cumplir con los principios constitucionalmente establecidos de igualdad, mérito y capacidad. La aprobación el pasado jueves en el Parlamento Vasco de la Ley de Cuerpos y Escalas de la Administración en Euskadi y el acuerdo alcanzado ese mismo día en Madrid entre PSOE, Unidas Podemos, PNV y ERC para su introducción en la ley para reducir la temporalidad en el empleo público en todo el Estado van en la línea de abordar la eventualidad y dar así la necesaria estabilidad a las plantillas, con especial atención al numeroso colectivo de interinos. Aunque de diferente tenor, ambas tienen el objetivo de regularizar la situación laboral de miles de personas, muchas de las cuales acumulan años de trabajo y experiencia en las diferentes administraciones y organismos públicos. Los planteamientos acordados son, por ello, positivos y van en la línea acertada. La clave se sitúa en el imprescindible blindaje normativo que dote a los cambios de garantía jurídica plena y evite un gran enredo en los tribunales que dé al traste con los objetivos que se plantean generando un problema aún mayor.