a voluntad del presidente Pedro Sánchez de no prorrogar el estado de alarma ha devuelto al tablero político un debate que se eludió por la vía de los hechos hace un año pero cuya pertinencia entonces, demandada con reiteración desde el Gobierno Vasco, queda acreditada. El mismo día en que Pedro Sánchez anunciaba, el pasado 14 de marzo de 2020, su intención de implantar el primer estado de alarma ya se publicaban en el Boletín Oficial del País Vasco las primeras medidas preventivas derivadas de la alerta sanitaria dictada por el lehendakari. El amparo legal de la iniciativa estaba sustentado en cuatro leyes vigentes que autorizan a la asunción de medidas excepcionales en el marco de la Comunidad Autónoma de Euskadi en una interpretación no rebatida ni judicialmente resuelta pero sí soslayada por la propia imposición del estado de alarma: la Ley General de Sanidad, la Ley General de Salud Pública, la Ley de Ordenación Sanitaria de Euskadi y la Ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, cuya reforma se propone ahora para compensar la pérdida del amparo del estado de alarma. Un estado de alarma quizá evitable de asumirse la interpretación posibilista del marco legal o, simplemente, de haberlo adaptado en el último año en favor de los gobiernos autonómicos -los competentes en gestión sanitaria-. Había y hay un camino en ese sentido que no se quiso explorar en un error que ahora se hace evidente. El error de priorizar el liderazgo gestual del Gobierno del Estado y su presidente. Así lo proyectó este en su intervención como primera medida asociada al estado de alarma: “que a partir de hoy, para que los españoles lo entiendan perfectamente, la autoridad competente en todo el territorio será el Gobierno de España”. La responsabilidad inherente a esa gestualidad requería resolver el debate técnico-jurídico. Ahora toca hacerlo precipitadamente por otra prioridad gestual de Sánchez de cara a las elecciones en Madrid. Un año después, la cuarta de aquellas leyes invocadas por el Gobierno vasco -la de Medidas Especiales- la maneja el PP para una reforma que pretende explicitar lo que bien se podía haber interpretado, asentado un criterio compartido administrativo y judicial en aras de la eficiencia. Que esta tardanza no se resuelva con otro mero acto gestual. La salud pública no puede ser un objeto del esgrima primario y estéril de gobierno y oposición.
