l cambio de actitud del Gobierno español en la gestión de la política penitenciaria es tan obvio que da lugar a visibilizar varias vertientes en un debate que no debería serlo. En primer lugar, la aplicación de un criterio de proximidad de los reos a sus lugares de arraigo no ha sido nunca un privilegio. Dejar esto sentado debería permitir desactivar la manipulación del discurso que pretende hacer una política cansina de ariete no ya contra el gobierno español de turno sino contra la mera expectativa de normalizar la convivencia. Nada que objetar al eventual malestar de sus víctimas pero sí a la manipulación de sus sentimientos. La muerte de un reo en prisión no resarce a sus víctimas en mayor medida de la que se argumenta en favor de la pena de muerte. Y esta no existe en el ordenamiento penal del Estado, que confiere a la política penitenciaria el objetivo de la reinserción. Lo que hace llamativa la sucesión de movimientos de acercamiento de presos de ETA a prisiones del entorno de Euskadi es el volumen de los casos y este está motivado por la estrategia contraria de los sucesivos gobiernos españoles hasta ahora. Hay una perversión ética en el discurso que pretende enmarcar en la normalidad el alejamiento como sanción añadida a la pena del condenado y, sobre todo, de su entorno familiar, mientras intenta crear escándalo por el acercamiento. Animar, propiciar y respaldar ese giro en la política penitenciaria del Gobierno Sánchez ya estaba en el acuerdo de gobierno de coalición entre PNV y PSE en Euskadi y cuenta con el respaldo mayoritario de la sociedad vasca. No se trata de alimentar el olvido ni de reducir un ápice la condena rotunda de la violencia en todas sus formas, con la de fines políticos practicada por ETA durante décadas como emblema de perversión moral. Y tampoco de dejar de constatar que no atesoran los beneficiados por la medida ningún motivo para su consideración como referente de nada más que de un doloroso y sangriento error político histórico. En este sentido, sigue siendo preciso reiterar que la exhibición pública de su retorno a casa no es de recibo. La privacidad es su derecho; el espectáculo es un insulto directamente proporcional a las atrocidades por las que han cumplido su pena. Pero, estando muy claro el ámbito de todas estas vertientes, no lo es menos que hay quien aprovecha para distorsionar a la opinión pública creando debate por propio interés político.