l proceso electoral que va a devolver la mayoría parlamentaria al chavismo en Venezuela culmina contaminado por los mismos déficits democráticos y de legitimidad que marcan la acción del régimen de Maduro. El desencuentro social y la utilización del sufragio por las autoridades chavistas se resumen en los propios datos de la jornada electoral: siete de cada diez votantes han renunciado a participar en un proceso en el que las libertades políticas han estado restringidas, boicoteado por una parte significativa de la oposición por la persecución e inhabilitación de sus líderes. Y eso que votar era requisito para validar los carnés con los que el régimen subsidia el racionamiento a la población. En este entorno, ni siquiera la utilización de la grave situación de penuria del país, con sus estructuras productivas incapacitadas y la imposibilidad de transformar su propia riqueza natural -el petróleo- ha servido al régimen para presentarse ante el mundo con un respaldo legitimador. Sólo dos de cada tres votantes han respaldado a los candidatos del partido del gobierno, lo que reduce la representatividad de la mayoría de la cámara legislativa a un ínfimo 20% de la ciudadanía venezolana con derecho a voto. De hecho, actualmente hay más venezolanos desplazados fuera de su país de los que han respaldado al régimen en las urnas. El horizonte no es halagüeño para Venezuela. De la expectativa tras los anteriores comicios ganados por la oposición no queda nada. Todas las estructuras de poder cuya separación deben ser garantía democrática están sometidas a la dirección del país, sin independencia judicial ni medios de comunicación libres. En este contexto, las circunstancias externas que podrían mejorar la situación internacional de Venezuela llevan camino de caer en saco roto. La administración Trump no ha sido aliada de la democracia en Venezuela en tanto ha utilizado su situación, como todas las demás circunstancias de la política exterior norteamericana, en beneficio del presidente saliente. La llegada de Biden debería suponer un cambio pero su margen es reducido ante el estado de la democracia en el país suramericano. Y Europa no halla razones para modificar su consideración del régimen de Maduro, como pide Rodríguez Zapatero; un mediador sin utilidad para la democratización de Venezuela.