Desde su mismo arranque, la voluntad de abrir una nueva etapa caracterizada por la apuesta por el diálogo y el acuerdo y de proceder a desjudicializar la política ha sido un mensaje recurrente del nuevo Gobierno presidido por Pedro Sánchez. Cuando se cumple hoy una semana de la toma de posesión de los ministros -pronto aún para juzgar con rigor su determinación en este sentido-, el Ejecutivo ya ha dado algunas muestras, aunque de forma ambivalente. La arriesgada apuesta de Sánchez por nombrar fiscal general del Estado a su exministra de Justicia Dolores Delgado ha sido, sin duda, la decisión más clara, rotunda y de mayor alcance, además de sumamente polémica y que ha contado con muchas reticencias. Es obvio que más allá de su idoneidad y del pecado original de la forma de elección de los cargos en el sistema judicial, el nombramiento de Delgado es un intento -habrá que ver si exitoso- de llevar el conflicto catalán por la vía de las soluciones políticas de las que nunca debió salir. En este mismo sentido, la decisión del Gobierno Sánchez de dar luz verde a la apertura de delegaciones de la Generalitat catalana en Argentina, México y Túnez o la última toma de posición de la Fiscalía del Tribunal Supremo respecto a que la Junta Electoral Central no tiene competencia para inhabilitar al president Quim Torra abundan en este necesario cambio de posiciones en favor de la distensión. La vista oral que arranca hoy en la Audiencia Nacional contra la anterior cúpula de los Mossos d’Esquadra, con el major Josep Lluís Trapero al frente, se antoja clave en este esquema, por cuanto la Fiscalía ha venido sosteniendo la acusación de rebelión contra estos responsables policiales, a los que se pide once años de cárcel. La sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes del procés, que descartó la rebelión y les condenó por sedición, puede servir para que la Fiscalía mueva ficha y altere su desmesurada petición inicial. Sería un nuevo signo en la buena dirección. Sin embargo, y por contra, el primer Consejo de Ministros de Sánchez aprobó llevar al Tribunal Constitucional ocho leyes del Fuero Nuevo navarro que fue aprobado por unanimidad por el Parlamento foral. Un ataque a la soberanía navarra y una muestra de que aun hay pasos atrás y potentes dinámicas e inercias recentralizadoras que el Gobierno deberá atajar y desjudicializar con urgencia.
