La crisis de Tubos Reunidos parece haber cruzado un punto de inflexión. Tras meses de incertidumbre y tensiones laborales que desembocaron en una huelga indefinida, los últimos movimientos empresariales han reconfigurado el tablero. La entrada en concurso de acreedores y la reciente suspensión de los paros en la planta de Amurrio han dibujado un nuevo horizonte que el Gobierno Vasco no duda en calificar de "nueva etapa", aunque desde el seno de la plantilla el escepticismo y la exigencia de responsabilidades siguen marcando el paso.
En la tradicional rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, ha arrojado este martes un rayo de esperanza sobre el futuro de la compañía. Para el Ejecutivo vasco, la declaración del concurso no es el final, sino el mecanismo necesario para desatascar el principal lastre de la siderúrgica: su asfixiante deuda.
Según Jauregi, el procedimiento concursal "abre la puerta de una manera legal y ordenada" a una reestructuración que hasta ahora era inviable, principalmente por los impedimentos legales que esgrimía la SEPI —el mayor acreedor de Tubos Reunidos— para aplicar una quita. "Nadie va a pagar por un piso que tiene la hipoteca cinco veces mayor que el valor real", ha ilustrado el consejero de forma gráfica. Ahora, con las riendas en manos del administrador concursal, se confía en activar esa ansiada reestructuración que allane el camino a la solución definitiva: "La llegada de un nuevo inversor con un proyecto industrial a futuro".
Para seducir a ese capital externo, del que Jauregi ha adelantado que ya "hay nuevos inversores interesados en poder ayudar", aunque sin "propuestas" en firme todavía, el consejero ha marcado dos líneas rojas: la citada quita de la deuda y la "paz social". En este sentido, ha celebrado el fin de la huelga en Amurrio, advirtiendo de que es vital mantener la actividad para generar caja, pagar nóminas y, sobre todo, no espantar a una clientela que huiría ante un escenario de inactividad prolongada. "Nadie quiere comprar un piso en un vecindario con líos", ha sentenciado.
La otra cara de la moneda: el comité apunta a los dueños
Sin embargo, en la sede del Parlamento Vasco, la lectura de la situación tenía un tono mucho más áspero. Representantes del comité de empresa de Amurrio —con mayoría de ELA, LAB y ESK— han comparecido para dar su visión de una crisis de la que, aseguran, tienen un culpable claro: "La avaricia que llevó a la deuda".
Los sindicalistas han recordado que el origen del abismo financiero no es coyuntural, sino que se remonta a 2008, cuando, según han denunciado, la empresa solicitó un crédito de 170 millones de euros para repartirlo entre los accionistas, disparando un pasivo que pasó de 30 a 200 millones. A esto suman lo que consideran una gestión nefasta de los fondos de rescate, acusando a la dirección de malgastar el dinero de la SEPI en trasladar la acería vizcaína de Trapagaran a Amurrio para, apenas dos años después, plantear su cierre.
Con las relaciones con la dirección "casi rotas" —han denunciado que la empresa se ha negado a reunirse con ellos desde abril pese a sus reiteradas peticiones—, el comité exige que el nuevo escenario concursal se centre en la viabilidad industrial y no en los recortes. Sus demandas son inamovibles y fueron el motor de la huelga hoy suspendida: no al cierre de la acería de Amurrio, cero despidos y freno a la externalización de la logística.
Además, los trabajadores han lanzado un dardo directo a las instituciones públicas, a las que reprochan un papel "insuficiente". Exigen transparencia sobre las medidas para garantizar el empleo, el estado de los contactos con inversores y el detalle del proyecto industrial. "Todo el mundo dice que algo se va a hacer, pero nadie dice qué", lamentaban los portavoces, dejando un recado a quienes buscan capital extranjero: "Los primeros inversores no hay que buscarlos fuera, sino dentro; aquellos que se lo llevaron calentito en su día".
Solidaridad política, pero con matices
El clamor de los trabajadores ha encontrado eco y solidaridad unánime en los grupos parlamentarios, aunque con diferentes matices estratégicos. Desde las filas del PNV, Markel Olano ha pedido aparcar los reproches cruzados y apostar por el trabajo conjunto, recordando que para atraer inversión externa es imperativo "un ambiente de trabajo y colaboración".
La oposición ha sido más incisiva. Ander Goikoetxea (EH Bildu) ha calificado la lucha laboral de "ejemplar" y ha urgido a las instituciones a liderar la búsqueda de un plan sólido. Por su parte, el popular Álvaro Gotxi ha cuestionado directamente al Gobierno Vasco ("¿Dónde estaba en 2021, cuando tuvo que rescatar la SEPI?"), advirtiendo de que el cierre de Amurrio sería "irreparable".
El socialista Jorge Juez ha sacado pecho del compromiso de Madrid y la SEPI con la empresa, mientras que Jon Hernández (Sumar) ha hecho suya la tesis sindical sobre la responsabilidad de los propietarios, prometiendo presión sobre la SEPI, pero siempre bajo una premisa: cualquier nuevo recurso público debe estar supeditado al "mantenimiento del empleo".
