El consejero de Industria, Mikel Jauregi, ha reconocido que la fórmula que el Gobierno Vasco planteó al Ejecutivo central para la posible reestructuración de la deuda que Tubos Reunidos mantiene con la SEPI no ha prosperado, ya que esa vía no está recogida en el real decreto ley aprobado por el Congreso de medidas para paliar las consecuencias de la guerra en Oriente Medio.
Una deuda de 263 millones
Tubos Reunidos arrastra una deuda de unos 263 millones de euros, de los que aproximadamente la mitad son con la SEPI, tras el préstamo que la entidad pública estatal otorgó al grupo vasco en 2021 por 112 millones, que no ha devuelto y genera intereses.
La deuda, junto a las pérdidas de 181,1 millones en 2025, es uno de los motivos utilizados por la compañía para presentar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en sus plantas de Amurrio y Trapagaran, con 285 despidos previstos.
Negociaciones abiertas
Jauregi ha explicado en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno que planteó al Ejecutivo central abrir una "vía legal" para permitir, en empresas afectadas por el "shock arancelario" de EE. UU. y el impacto energético de la guerra de Irán, medidas excepcionales como la reestructuración de deuda, pero la propuesta no fue incluida en el decreto. "No ha aparecido, ahí se ha quedado", ha lamentado.
No obstante, ha señalado que le consta que Tubos Reunidos sigue en conversaciones con la SEPI para abordar una posible refinanciación de la deuda. El consejero ha insistido en que la viabilidad futura de la empresa pasa por atraer uno o varios socios industriales, pero ha advertido de que para ello es necesario resolver la "mochila de la deuda" y garantizar la "paz social".
