La junta de accionistas de Talgo aprobó hoy la ampliación de capital social del constructor ferroviario, así como el nuevo esquema de financiación de la compañía, que permitirán hacer frente a la deuda de la empresa, que ronda los 460 millones de euros. La cita de valida la entrada de la SEPI y allana la “próxima formalización” de la entrada del consorcio vasco en la propiedad accionarial de la compañía, indicó la empresa, un proceso que debería quedar resuelto de forma satisfactoria antes de que acabe el año, según las estimaciones que ha formulado recientemente el Departamento de Industria.
En una junta celebrada en la sede de la empresa en Las Matas (Madrid) y con un respaldo del 97%, los accionistas de Talgo aprobaron un aumento del capital social por un importe de 45 millones de euros mediante la emisión y puesta de circulación de 10,5 millones de nuevas acciones ordinarias de 0,301 euros cada una de ellas, de la misma clase y serie que las que están actualmente en circulación y con una prima de emisiones de 3,949 euros por título accionarial. Esta ampliación de capital permitirá la entrada de la SEPI, que completará su aportación en la operación hasta los 75 millones de euros a través del acuerdo, también alcanzado ayer, para la emisión de 300 bonos convertibles en acciones ordinarias por importe de 30 millones de euros.
A continuación, se aprobó la emisión de 750 bonos convertibles en acciones ordinarias de Talgo por importe agregado de 75 millones de euros, que es el mecanismo financiero que facultará el acceso de la parte vasca, y que se sustanciará a través de la inyección de la sociedad público-privada Ekarpen, consistente en un volumen de entre 30 y 35 millones, y la que hagan, hasta un total de 75 millones, Sidenor y las fundaciones bancarias BBK y Vital.
El otro gran acuerdo alcanzado tiene que ver con las condiciones de refinanciación de la deuda de Talgo. Se trata, junto a la multa de 116 millones de euros que Renfe había impuesto al constructor por retrasos en las entregas de sus unidades Avril, en el gran escollo que dificultaba la entrada del consorcio vasco, pactada de forma preliminar el pasado mes de febrero. En concreto, los accionistas de Talgo dieron su respaldo a la aprobación de “un Contrato de Financiación sindicado” por importe total de hasta 770 millones de euros -estructurado en un tramo de hasta 650 millones con garantía parcial de CESCE (Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación) y un tramo revolving de hasta 120 millones- y una línea de avales de hasta 500 millones con el respaldo de CESCE, en el marco de una operación “global” que incluye el aumento de capital y las emisiones de bonos convertibles suscritas por la SEPI y el consorcio vasco.
Además, otro de los puntos acordados ayer tiene que con la reducción del número de miembros del consejo de administración, que pasarán de 15 a 8. Se espera así agilizar la toma de decisiones en la gobernanza de la empresa, sometida a numerosos vaivenes en los últimos años por los diferentes puntos de vista de los accionistas históricos y los fondos de inversión. De hecho, tal y como reconocía la empresa en un comunicado, Talgo llevaba más de dos años inmersa en un “complejo proceso societario derivado de la decisión de su accionista de referencia de desprenderse de su participación en la sociedad”. Durante este tiempo, el desarrollo de la actividad ordinaria “se ha visto afectada de forma muy negativa”. “La ausencia de un marco accionarial estable han generado reveses en la gestión y han deteriorado de manera significativa la posición competitiva, económica y financiera de Talgo”, admite.
En su intervención, el presidente del Talgo, Carlos Palacio Oriol, señaló que la aprobación y ejecución de estas operaciones son “indispensables” para “preservar el futuro” de Talgo. Además, “son una demostración del claro compromiso del consejo de administración para proteger a los diferentes grupos de interés”, entre los que citó a los accionistas, “que requieren un marco estable y transparente”; los trabajadores, que “precisan seguridad y continuidad en su empleo”; los clientes, que “demandan confianza en la capacidad de la sociedad para cumplir con sus compromisos”; y los acreedores, “que necesitan garantías de sostenibilidad financiera”.
La junta de ayer allana así la “próxima formalización por parte del consorcio vasco de un paquete accionarial significativo”, consistente en la adquisición de un 29,7% de los títulos por un total de 156 millones de euros. El proceso de entrada del consorcio que integran Sidenor, el fondo público Finkatuz y las fundaciones BBK y Vital debería quedar cerrado a lo largo de la semana que viene, según los cálculos que ha emitido el consejero de Industria, Mikel Jauregi. De esta manera, se encauzará el rumbo de una empresa con cerca de 4.000 millones en pedidos y una de sus dos fábricas en Araba. l
