- La modificación de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, por la que se garantiza el pago en efectivo en cualquier establecimiento, ya que impide negar esta posibilidad a los clientes, entró ayer en vigor. El cambio del artículo 47 del texto sobre infracciones en la defensa de los consumidores contempla como infracción la “negativa a aceptar el pago en efectivo como medio de pago dentro de los límites establecidos por la normativa tributaria y de prevención y lucha contra el fraude fiscal”.

De forma generalizada, esta infracción será considerada leve, si bien podría pasar a ser grave o muy grave bajo ciertas condiciones, como aprovecharse de necesidad de determinados productos o servicios, ser reincidente en la práctica o producir alteraciones sociales graves, injustificadas y previsibles, entre otras. La sanción contemplada por realizar infracciones leves oscilan entre los 150 y los 10.000 euros, “pudiéndose sobrepasar estas cantidades hasta alcanzar entre dos y cuatro veces el beneficio ilícito obtenido” en la transacción.

En el momento de aprobación del decreto-ley, la Plataforma Denaria, que defiende la circulación del dinero en efectivo, aplaudió esta iniciativa de garantizar el derecho de los consumidores y la aplicación de sanciones a los establecimientos que no acepten esta modalidad de pago.

De hecho, esta semana, la plataforma organizó una jornada con el título de ‘El acceso al efectivo, un derecho universal y barrera frente a la exclusión financiera’, donde los ponentes coincidieron en poner en valor el “esencial” papel que el efectivo cumple en el correcto funcionamiento de la sociedad y la economía.

“En estos momentos el capital circulante es más alto que nunca y, además, no hay que olvidar que en el mundo hay 1.600 millones de personas desbancarizadas, con lo que no podemos plantear debates sobre el efectivo sin tener en cuenta que existen importantes segmentos de población, como en el ámbito rural, cuya actividad diaria depende del efectivo y, por lo tanto, quedarían totalmente excluidos”, destacó la directora de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), María Valldecabres.

Otra de las medidas propuestas por la organización es la elaboración de un mapa de riesgos y situaciones de exclusión financiera atendiendo a factores geográficos, socioeconómicos y culturales, para que sirva como base para el despliegue de soluciones que aseguren el derecho de acceso al dinero en efectivo y a otros servicios financieros, con una infraestructura esencial y sostenible. En este sentido, y de cara a mejorar este acceso al efectivo, la Plataforma Denaria promueve como medida principal y más efectiva el establecimiento de una distancia máxima entre cajeros.

También se contempla, entre otras iniciativas, definir la red de efectivo como una Infraestructura Nacional Crítica; diseñar planes por parte de las Entidades Locales (EELL) enfocados a financiar la implantación de cajeros en zonas rurales y despobladas mediante la colaboración público-privada; y potenciar el papel de Correos como instrumento para asegurar la realización de operaciones financieras básicas.

La digitalización y la retirada de numerosas sucursales bancarias han estimulado el papel del pago con tarjeta, que los economistas han catalogado como un riesgo de que aumente la pobreza y la discriminación, puesto que no todos los sectores sociales tienen capacidad para acceder al dinero de plástico.