- La Comisión Europea reforzó ayer su arsenal de normas para combatir la evasión y la elusión fiscal con dos propuestas de directiva que persiguen que las multinacionales paguen un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades y asfixiar a las empresas fantasma. “Las dos iniciativas fortalecerán significativamente el conjunto de medidas de la Comisión para combatir las prácticas fiscales abusivas y conseguir mayor justicia fiscal en la UE y en el mundo”, resumió el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, en la rueda de prensa en la que ha presentado ambas propuestas.

La primera de ellas trasladará a la legislación europea el acuerdo de la OCDE logrado en octubre para establecer un tipo efectivo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades. La directiva tiene que ser adoptada por unanimidad entre los Veintisiete, una exigencia que siempre plantea dificultades a la hora de sacar adelante reformas fiscales a nivel europeo.

Las miradas se centran en Hungría, Estonia y, sobre todo, Irlanda, países que finalmente se adhirieron al pacto en el foro internacional a pesar de sus dudas iniciales tras conseguir una serie de excepciones y periodos de transición que colmaron sus expectativas. Preguntado por los problemas que podría suscitar la normativa entre las capitales europeas, Gentiloni subrayó que todas ellas aceptaron el acuerdo final de la OCDE y por tanto “será difícil que se desdigan de una decisión que tomaron hace dos meses”.

Chipre tampoco aparece en la lista de 137 jurisdicciones que apoyaron el acuerdo, pero porque no forma parte del grupo que lo negociaba y el Ejecutivo comunitario no espera problemas para que dé su visto bueno a nivel comunitario.

El comisario de Economía tampoco prevé complicaciones para que Estados Unidos saque adelante una normativa a nivel doméstico que traslade el acuerdo global de la OCDE y enfatizó que dicho pacto “hubiera sido mucho más difícil” sin la voluntad de la nueva Administración liderada por Joe Biden.

Con todo, Gentiloni, a la hora de cuantificar el aumento de la recaudación que supondrá esta directiva en el bloque, se limitó a afirmar que aflorará “unos pocos miles de millones” de euros para los Veintisiete.

La otra propuesta de directiva pone el foco en las llamadas sociedades fantasma, aquellas que habitualmente son utilizadas por multinacionales e individuos para reducir su factura de impuestos. Lo consiguen trasladando sus flujos financieros a empresas localizadas en jurisdicciones con impuestos muy bajos o incluso inexistentes y, por eso, el objetivo de la directiva es ayudar a las autoridades tributarias a identificar estas prácticas.

Bruselas plantea tres indicadores de transparencia para determinar si una entidad puede ser considerada como fantasma o ficticia: su cantidad de ingresos procedente de una actividad real, el número de transacciones con otras jurisdicciones o si la gestión y administración está externalizada. Cuando una sociedad cumpla estos requisitos, estará obligada a dar informes detallados a las autoridades tributarias sobre sus ingresos, sus instalaciones o los impuestos que paga el equipo directivo y el personal. La empresa perderá el acceso a todos los beneficios fiscales que ofrezca el Estado miembro si la conclusión es que se trata de una entidad fantasma y su naturaleza se basa únicamente en facilitar la evasión de impuestos.

En la comparecencia, Gentiloni reconoció que la lucha contra la evasión fiscal “no es algo que pueda resolverse con una única batalla”, sino que exige un “compromiso infinito”. Por eso, avanzó que Bruselas “no para aquí” y está preparando otras medidas que irá desvelando en 2022, como una propuesta para aumentar la transparencia de las multinacionales y otra para impulsar el intercambio de información sobre criptoactivos. El Ejecutivo comunitario también espera poder plantear el próximo año su propuesta legislativa para crear un impuesto digital en la UE mientras espera a que la OCDE finalice los detalles sobre el llamado “pilar 1” del acuerdo de la OCDE.