La Comisión de Hacienda y Función Pública ha elevado al Pleno del Congreso el proyecto de ley para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que finalmente obligará a las administraciones a convocar por concurso, y no oposición, plazas de carácter estructural que hayan estado ocupadas por interinos durante al menos cinco años.
Ahora, tras ser aprobado el dictamen por la comisión con 19 votos a favor de PSOE, Unidas Podemos, ERC y PNV, será elevado al Pleno del Congreso para una votación final de conjunto antes de ser remitido al Senado, donde continuará con su tramitación parlamentaria.
En la votación se abstuvieron Cs y PP, mientras PRC se posicionó en contra y el grupo parlamentario Vox no votó, tras recordar su intención de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la norma.
El proyecto de ley tiene origen en el decreto ley acordado por el entonces ministro de Función Pública y hoy de Cultura, Miquel Iceta, con los sindicatos de la Administración, y se salvó de la derogación a última hora por un acuerdo del PSOE con Unidas Podemos y Esquerra Republicana.
Finalmente, el texto que la Comisión de Hacienda votó y elevó al pleno prevé mayores garantías para los trabajadores interinos con más experiencia. Las plazas cubiertas con trabajadores con contrato temporal durante, al menos, los últimos cinco años deberán ser consolidadas en un concurso de mérito, y a partir de los tres años a través de concurso y oposición, dando la opción de que los ejercicios de la fase de oposición no sean eliminatorios.
Además, se incluye una enmienda transaccional para su aplicación en Navarra y Euskadi. En concreto, en la CAV la presente ley se aplicará de conformidad con el artículo 149.1.18 y la disposición adicional primera de la Constitución y con la Ley Orgánica 3/1979 de aprobación del Estatuto.
