- La consejera vasca de Desarrollo Económico, Arantza Tapia, planteó ayer que el Estado aplace o asuma los costes externos que forman parte del recibo eléctrico pero no están directamente vinculados a la producción o la evolución del mercado eléctrico. Son cuestiones como los incentivos que reciben los productos de energía verde, la cuota de solidaridad que pagan todos los hogares por la desconexión de Baleares y, sobre todo, Canarias del sistema peninsular o la cuota anual que reciben las eléctricas por la diferencia entre los costes de producción y los ingresos obtenidos a través de las facturas reguladas que pagan las familias.

Eliminar esos costes de la factura supondría un ahorro cercano al 45% para las empresas. O lo que es lo mismo, reduciría casi a la mitad su recibo de la luz. Tapia presentó al término del Consejo de Gobierno las líneas generales de su plan para atenuar el impacto de los precios de la electricidad en las empresas y los hogares. Son medidas estructurales a medio y largo plazo que no tendrán incidencia en el escenario actual. Por ello, Tapia ha añadido una batería de peticiones destinada al Gobierno español y otras dirigidas a las Comisión Europea.

Incidir en el mercado doméstico, el que es competencia del Estado, es la vía más rápida para enfriar la escalada del recibo de la luz. Por ello, dos días después de la decisión de Sidenor, el mayor grupo industrial vasco, de parar la producción 20 días alternos hasta el 31 de diciembre, la consejera de Desarrollo Económico pidió al Gobierno español una “carencia temporal por la totalidad de los cargos eléctricos y que estos sean financiados por el Estado”.

“Se trataría de la eliminación y/o aplazamiento temporal de aspectos a día de hoy recogidos en la factura eléctrica como las primas a las renovables, los extracostes no peninsulares o la anualidad del déficit tarifario, que pasarían a ser asumidos por el Estado”, explicó Arantza Tapia al término del Consejo de Gobierno. A la espera de una respuesta por parte del Ejecutivo central, lo cierto es que la petición del Gobierno Vasco llega en un momento clave, la víspera de la votación hoy en el Congreso del Decreto de Ley presentado hace unas semanas por el Ministerio ante la tormenta desatada por el precio de la luz. En esencia se plantea que las eléctricas devuelvan parte de los beneficios extraordinarios que logran por sus centrales no emisoras de CO2. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, aseguró ayer que la aprobación de las medidas no corre peligro, pero también reconoció que tiene sentido acompañar el decreto con otras actuaciones, como sostiene el PNV.

El grupo jeltzale no había decidido todavía su voto al cierre de esta edición y mantenía “contactos constantes” con el equipo de la ministra de cara a acercar posturas, lo que básicamente pasa por retocar el decreto de modo que no solo incida en los beneficios de las eléctricas, sino que establezca además fórmulas que garanticen la viabilidad de las empresas. Ese mensaje coincide con el que puso ayer sobre la mesa la consejera vasca de Desarrollo económico, que además planteó varias medidas encaminadas en esa dirección. Tapia estima necesario una actuación conjunta entre los ejecutivos central y vasco y la Comisión Europea, cada uno dentro de sus competencias, que aporte “estabilidad” para poder hacer frente al “impacto” del precio de la energía en la industria. Las medidas en todo caso podrían ser extensivas al conjunto de los consumidores.

El Ejecutivo de Gasteiz prepara una estrategia energética con medidas a corto, medio y largo plazo, un escudo de defensa de la realidad empresarial vasca, de la que la consejera ha adelantado algunos aspectos.

Además de suprimir los costes no relacionados con la generación y distribución de energía, que tendría especial repercusión en las empresas y podría suponer una rebaja de entre el 40% y el 45 % en su factura eléctrica, Tapia defendió también que se fomente un “mercado a plazo” que no dependa del precio diario de la energía ni de su volatilidad. La industria dispondría de este modo de referencias de tarifas que le permitan una mejor planificación, lo que se complementaría con una revisión del calendario tarifario eléctrico anual, entre otras medidas.

La consejera, que advirtió de que “son más de una y más de dos” las empresas siderúrgicas vascas que atraviesan dificultades similares a la de Sidenor, consideró también urgente que el Gobierno de Pedro Sánchez elabore un Plan de Contingencia Especial de Seguridad de Suministro del Gas Natural para los próximos meses.

A la Comisión Europea Euskadi quiere propone explorar el uso de recursos propios de gas natural existentes en la Unión Europea y apostar por aumentar el peso de las energías renovables en el mix energético. Se conseguiría así que el suministro no se viera condicionado como ocurre ahora por factores externos y tensiones geopolíticas, en referencia al enfrentamiento entre Argelia y Marruecos o de Rusia con la propia UE. También se pone el acento en penalizar los productos que entran en Europa procedentes de países menos exigentes con las emisiones de CO2 y que compiten por ello con ventaja respecto a las empresas europeas. Son cuestiones que no deberían ser consideras ayudas de Estado y Tapia se mostró convencida de que tendrían el beneplácito de la Comisión Europea.

Aixeindar. La consejera de Desarrollo Económico afirmó ayer que el Gobierno Vasco se centrará en la eficiencia energética y en el impulso de las energías renovables dentro de la estrategia de redución de la factura de la luz.. Así, la sociedad Aixeindar, en la que participan el Ente público Vasco de la Energía e Iberdrola, está trabajando en nuevas “posibles” ubicaciones de parques eólicos y pidió autorización para más mediciones de viento en la zona del puerto de Arlabán, entre Araba y Gipuzkoa.