La otra trata en España: trabajar en semiesclavitud en temporada alta

Cientos de personas llegan cada año a España engañadas por sus tratantes con la promesa de un trabajo y un salario digno que les saque, al menos por unos meses, de la situación de penuria y vulnerabilidad que viven en su países. Son numerosas las operaciones contra este tipo de explotación que lleva a cabo cada año la Guardia Civil, siempre de la mano de la Inspección de Trabajo y en muchos casos con la colaboración de las ONG, como explica a Efe el jefe de la sección de Trata de Seres Humanos de la Unidad Técnica de Policía Judicial (UTPJ) del instituto armado, Vicente Calvo.

Pero esta actividad ilícita emerge cada año con cada campaña agrícola y extiende sus tentáculos allá donde la recolección del producto apremia. Desde Almería y Huelva hasta Nafarroa, Araba, La Rioja, Comunidad Valenciana o Castilla y León. Hay empresas que han hecho del empleo de temporada una fórmula de excelencia, respetando los límites de la ética moral y del mercado, Peto hay otros contratadores que exprimen al límite la legalidad e incluso la superan.

Y es que no hay en España mano de obra suficiente que se preste a realizar estos trabajos y los propietarios de las explotaciones agrarias recurren a Empresas de Empleo Temporal (ETT) para que les suministren temporeros.

Lo que no saben es que una parte de esas ETT han sido constituidas por organizaciones criminales dedicadas a captar a esos trabajadores, a los que les cobran por el traslado a España, por el alojamiento e, incluso, por el transporte hasta las fincas.

Y no solo eso. Se hacen con sus tarjetas de crédito y les arrebatan prácticamente todo su salario de las cuentas bancarias que les obligan a abrir. Son redes formadas por personas de la misma nacionalidad que sus víctimas, rumanos y búlgaros la mayoría, que captan a los trabajadores en las zonas rurales de esos países, donde viven en una situación muy precaria.

Calvo explica cómo desde hace un tiempo están llegando a España mujeres procedentes de Nicaragua y Honduras, captadas por sus propios parientes para cuidar a dependientes, mayores o enfermos. Estas víctimas llegan a contraer una deuda con sus captores que ronda los 6.000 euros por el viaje y la documentación. No logran saldarla.

Precisamente, en una de las operaciones la Guardia Civil desarticuló un clan familiar nicaragüense que desde 2016 había esclavizado a 50 mujeres en La Rioja.

Los empleadores las pagaban en "negro" y las víctimas tenían que entregar el 85 por ciento del salario a la red. No ocurre en todos los casos, pero sí en muchos. Las redes también se encargan de alojar a sus víctimas y lo hacen en barracones, tiendas de campaña, viejas viviendas donde tienen que convivir hacinadas... Incluso, en naves antes dedicadas a criar cerdos y apenas adecentadas para estos trabajadores.

Comenta Calvo que en una ocasión pudo comprobar cómo los tratantes vivían en la zona "buena" de la casa, con varios baños incluso, y alojaba a las víctimas en lo que antes eran cuadras. También en otra operación los agentes pudieron ver cómo los explotadores vivían en un chalet y los explotados en roulottes de desgüace hacinados. Según han podido constatar los investigadores, en algunos casos, cuando las víctimas terminan su jornada en el campo, los tratantes les obligan a hacer otras tareas, como preparar el alojamiento para otros temporeros, trabajar en las huertas o arreglar el jardín de su tratante.

Pero es tan penosa su situación en sus países de origen, que alguna víctima ha llegado a decir a los agentes que al menos le daban de comer y un euro para tomar un café.

De todos modos, ese conformismo no es generalizado en todas las víctimas de explotación laboral. De hecho, algunas se atreven a denunciar su situación.

Calvo dice que son más habituales estas denuncias que las de las víctimas de explotación sexual. Se sienten engañados cuando comprueban que las condiciones y el salario no se ajusta a los que les prometieron y acuden a las fuerzas de seguridad. Por el contrario, en el caso de las víctimas de explotación sexual, además del miedo a las redes hay un componente de sentimiento de culpabilidad, de creer que están haciendo algo reprochable.

Mas allá de la lucha policial y de las inspecciones preventivas de las explotaciones agrarias, talleres o almacenes junto con la Inspección de Trabajo, la Guardia Civil ha puesto su empeño en la sensibilización, con la puesta en marcha de algunas campañas entre los contratadores. No se ha olvidado de los empresarios, con los que también realiza una labor de concienciación. La Guardia Civil participa en un plan nacional contra el trabajo forzoso, actúa mano a mano con la Fiscalía, ha colaborado en una guía del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con las pautas para construir la causa contra este delito y, a través de la unidad a la que pertenece Calvo prepara informes para que las comandancias conozcan los modus operandi de esta actividad ilícita.

Explotación. Pagos en negro, trabajadores obligados a entregar parte de su salario a los contratadores y forzados a vivir en los barracones habilitados por las empresas a las que sirven. Los contratos del sector agrícola y el doméstico están sujetos a irregularidades que dibujan un panorama sombrío en el mercado laboral. La temporalidad condiciona en gran medida el desarrollo profesional y vital de miles de trabajadoras y trabajadores en un contexto además marcado por el coronavirus.

"Hay víctimas que llegan a contraer deudas de 6.000 euro con sus contratadores por el viaje y la documentación"

"Trabajadores alojados en barracones, tiendas de campaña e incluso en naves para cerdos"

Poliicía Judicial