La vicepresidenta de la CE encargada de Competencia, Margrethe Vestager, ayer. Foto: Efe

- La Comisión Europea aprobó ayer, en virtud de la normativa de la Unión Europea de ayudas estatales, el plan estatal de crear un fondo de 1.000 millones de euros para invertir a través de instrumentos de deuda y capital en determinadas empresas activas afectadas por la pandemia de coronavirus. “Este régimen de recapitalización de 1.000 millones de euros permitirá que España preste apoyo a las empresas afectadas por la pandemia de coronavirus, facilitando su acceso a la financiación en estos difíciles tiempos”, subrayó la vicepresidenta de la CE encargada de Competencia, Margrethe Vestager.

La Comisión concluyó que la medida es “necesaria, adecuada y proporcionada para poner remedio a una grave perturbación en la economía española”. Vestager encuadró esta decisión en el marco de la “estrecha cooperación” del Ejecutivo comunitario con los Estados miembro “para encontrar soluciones viables que mitiguen el impacto socioeconómico de la pandemia de coronavirus y sean acordes con la normativa europea sobre ayudas estatales”.

La Comisión explicó que el Estado español le notificó, con arreglo al Marco Temporal de ayudas por la pandemia, un régimen de recapitalización de 1.000 millones de euros de apoyo a la deuda y al capital de las empresas afectadas por la crisis del coronavirus. La medida está disponible para empresas establecidas en el Estado de cualquier sector salvo el financiero, cuyos ingresos netos totales oscilen entre 15 millones y 400 millones de euros en base consolidada, y que atraviesen dificultades de capital debido a la pandemia de coronavirus, precisó la Comisión en un comunicado.

Ahora bien, las empresas que hayan recibido ayuda a través del Fondo de Solvencia para Empresas Estratégicas aprobado por la Comisión en julio de 2020 no podrán acogerse a este nuevo régimen. Por lo demás, la Comisión consideró que la medida española se ajusta a las condiciones establecidas en el Marco Temporal, que está vigente hasta el 31 de diciembre próximo.

En particular, por lo que se refiere a las medidas de recapitalización, Bruselas recordó que las empresas solo pueden recibir ayuda si no se dispone de otra solución adecuada y si intervenir redunda en el interés común; y si la ayuda se limita al importe necesario para garantizar la viabilidad de los beneficiarios y restablecer la posición de capital que tenían antes de la pandemia de coronavirus.

Otro requisito es, añadió la Comisión, que el régimen proporcione una remuneración adecuada al Estado e incentive a los beneficiarios o a sus propietarios a devolver la ayuda lo antes posible (incluida una prohibición de reparto de dividendos y la prohibición de pagos de primas a los administradores).

Asimismo, existen salvaguardas para garantizar que los beneficiarios no sean favorecidos indebidamente con la ayuda a la recapitalización por parte del Estado en detrimento de la competencia leal en el mercado único, como la prohibición de realizar adquisiciones para evitar las expansiones comerciales agresivas, añadió Bruselas.

Voluntad de consenso. El secretario general de Industria y Pyme, Raúl Blanco, negó ayer que exista dirigismo estatal en la gestión de los fondos europeos Next Generation, y añadió que si el diseño del plan puede parecer “un poco jacobino” es porque viene definido por las directrices que ha marcado la Comisión Europea. Blanco aseguró que “si se diera libertad a las comunidades para adaptar sus políticas a la realidad territorial tendría todo el sentido”, pero no se cumpliría “con lo que ha exigido la CE”. En este punto, ha querido dejar claro que “esto no es un plan E, este plan no va a servir para arreglar calles o polideportivos”, añadió para recalcar que siempre ha habido “voluntad de consenso” con las autonomías.