El déficit público se dispara hasta al 6,1% del PIB por la pandemia

En concreto, en los siete primeros meses del año, el déficit del Estado se sitúa en 60.413 millones, lo que equivale al 5,4% del PIB. Si se deduce el efecto del gasto en intereses (déficit primario), la cifra se sitúa en el 4,2%.

Por su parte, el déficit del conjunto de las administraciones públicas, excluidas las corporaciones locales, fue de 68.524 millones hasta junio, lo que equivale al 6,12% del PIB.

Hacienda indica que el déficit del Estado hasta julio se explica por una caída de los ingresos del 15,8%, hasta los 95.716 millones de euros, como consecuencia de la situación económica derivada de la crisis sanitaria; mientras que, por el contrario, se produce un incremento del gasto del 21,4% (156.129 millones) por el aumento de programas sanitarios, así como por las mayores transferencias a Seguridad Social y comunidades autónomas.

Asimismo, el dato está afectado también por la operación de reversión de las autopistas de peaje en 2020 (AP4 y AP7) de carácter no recurrente, por importe de 1.745 millones, que va a afectar al volumen total de ingresos y de gastos del Estado a lo largo de todo el ejercicio, pero que no va a tener incidencia en el déficit.

Caída superior al 18% de los ingresos impositivos

En cuanto a los ingresos del Estado hasta julio, los recursos impositivos, que representan el 80% del total, se situaron en 76.619 millones, lo que supone una disminución del 18,4%.

Así, destaca por un lado el descenso del 14% de los impuestos sobre la producción y las importaciones, entre los cuales el IVA baja un 16,4%, hasta los 37.353 millones, debido al menor consumo y a la caída de la actividad, así como a la minoración de ingresos por las medidas adoptadas para mitigar los efectos de la pandemia, como la rebaja del IVA de las mascarillas y demás material sanitario.

Por su parte, los impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio descienden un 25,8%. El Impuesto sobre Sociedades baja un 14% y el IRPF, un 29,4%, como consecuencia, en gran parte, de las mayores entregas a cuenta y el mayor resultado a favor de las comunidades de la liquidación definitiva de 2018 respecto al ejercicio anterior, a lo que hay que sumar el parón de la actividad.

Por último, también descienden los impuestos sobre el capital, en este caso un 78,5%, y las cotizaciones sociales, un 0,9%, fundamentalmente por la progresiva sustitución de empleados activos con Régimen de Clases Pasivas por otros con Régimen de Seguridad Social.

Por el lado de los gastos, hasta julio los recursos no financieros han ascendido a 156.129 millones, cifra superior en un 21,4% a la registrada en el mismo periodo de 2019, debido sobre todo a las transferencias a las comunidades y a la Seguridad Social.

Igualmente, los consumos intermedios se incrementaron en un 20,1%, crecimiento en el que inciden los 832 millones de gastos derivados de la CovID-19, sin correspondencia en el año anterior.

Más remuneración de funcionarios

De su lado, la remuneración de asalariados ha aumentado un 0,8% debido, a la equiparación salarial de la Policía y Guardia Civil con los cuerpos policiales autonómicos.

Las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie aumentan un 3,6%, cifra que recoge la actualización de las pensiones de clases pasivas del 0,9%, y las transferencias sociales en especie, crecen hasta los 231 millones.

Destaca también el incremento de la inversión en un 69,1%, aumento que se explica fundamentalmente por la operación de reversión de las autopistas de peaje en 2020 (AP4 y AP7).

Estos incrementos se ven compensados en parte por el descenso de un 12,1% de los intereses, por la menor aportación a la UE basada en el IVA y la RNB en 277 millones, así como por la disminución de las ayudas a la inversión y otras transferencias de capital, en un 47%, como consecuencia de la devolución del gravamen por prestación de maternidad y paternidad en 2019 por importe de 723 millones, y sin correspondencia en 2020.

Por su parte, en la primera mitad de 2020, el déficit conjunto de la Administración Central, los Fondos de la Seguridad Social y la Administración Regional, excluida la ayuda financiera, fue de 68.524 millones, lo que equivale al 6,12% del PIB.

Si se incluye en ambos periodos el saldo de la ayuda a las instituciones financieras, el déficit sería de 68.414 millones de euros, es decir, el 6,11% del PIB.

Menor déficit de las CCAA

Por administraciones, el Estado ha registrado un déficit del 4,40% del PIB hasta junio, excluida la ayuda financiera, mientras que las comunidades autónomas han registrado un déficit de 6.710 millones, lo que supone el 0,60% del PIB, frente al déficit del 0,67% del PIB registrado hace un año, lo que supone un 19,6% menos.

Hacienda explica que esta mejor evolución de las comunidades se debe a varias medidas adoptadas por el Gobierno para garantizar sus recursos y dar respuesta a la emergencia provocada por el Covid, como los anticipos a cuenta del sistema de financiación; al avance de hasta el 50% de la liquidación definitiva de 2018 o la ejecución de los recursos del Plan Estatal de Vivienda. Además, los ingresos de las regiones se han incrementado un 7,3%.

Todas las comunidades, salvo Madrid, Navarra y Euskadi, registran en la primera mitad de 2020 un comportamiento más positivo que hace un año. Además, tres regiones (Canarias, País Vasco y La Rioja) tienen superávit o equilibrio presupuestario.

Por último y de acuerdo con la información transmitida por las comunidades autónomas, el impacto derivado de la covid-19 alcanza los 3.890 millones en gasto en sanidad durante el primer semestre.