Bilbao - La consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, consideró ayer que la negativa de la plantilla de La Naval a firmar el ERE de extinción es “una dificultad añadida” a la presentación de posibles ofertas por parte de los inversores, aunque reconoció que no es una circunstancia extraña en un proceso concursal de este tipo. “Respeto absolutamente la decisión de la asamblea de trabajadores”, destacó Tapia.
Para la responsable del Gobierno Vasco en este momento “lo que nos toca es ser activos para conseguir que esos inversores que han visitado y han analizado las cifras de La Naval, sus cargas de trabajo y sus posibilidades, realmente pongan sobre la mesa una oferta real con un proyecto industrial de futuro, con empleo y de largo alcance”. En este sentido, afirmó que “las administraciones públicas estamos implicadas y tenemos voluntad máxima de acompañar a esos inversores” y recordó que este proceso concursal “no está siendo diferente al de cualquier otra empresa” de las que han sufrido una crisis “larga y muy dura”.
Respecto al temor de los trabajadores de que los inversores planteen una oferta una vez que el astillero esté desmantelado y los trabajadores hayan perdido su trabajo, Tapia afirmó que “lo tendrá que analizar primero el juez y, si lo ve positivo, nosotros valoraremos y en función de ello tomaremos la decisión” de apoyarlo o no. - A. Atxutegi
