madrid - Mariano Rajoy sufrió ayer uno de los mayores varapalos desde que llegó a La Moncloa en 2011 al no poder sacar adelante en el Congreso de los Diputados el decreto ley para reformar la estiba. Lo que comenzó siendo una piedra en el zapato se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para el Gobierno español, que se ve obligado a afinar la negociación con el sector si quiere tener lista la reforma cuanto antes para evitar la multa de Bruselas. Los estibadores, que celebraron el rechazo al decreto desde la tribuna del Congreso, suspenden de momento los paros que iban a iniciar hoy a la espera de que el Ejecutivo mejore su última oferta de prejubilaciones.
El revés sufrido por el PP en la Cámara Baja, el primero de calado en la era de Mariano Rajoy, tiene una gran importancia política y pone de relieve las dificultades que tienen los populares para gobernar en esta legislatura. Ayer daban por hecho el apoyo de Ciudadanos, pero el partido de Albert Rivera decidió abstenerse, incluso barajaban un posible respaldo del PSOE, que finalmente se mantuvo en el no. Así, el decreto ley aprobado en el consejo de ministros del 24 de febrero recibió solo los votos favorables de PP, UPN, Foro Asturias y PNV, un total de 142, insuficientes para su convalidación frente a los 175 que tuvo en contra -hubo 32 abstenciones de Ciudadanos más una de Podemos por error-.
El tropiezo parlamentario es la culminación del enfrentamiento velado que han mantenido Gobierno y estibadores las últimas semanas y que subió de temperatura con la aprobación del decreto en Consejo de Ministros. Los sindicatos no han cumplido su amenaza de parar los puertos -en un principio anunciaron paros desde el 6 de marzo-, pero han logrado dotar al conflicto de máxima repercusión mediática hasta el punto de poner de acuerdo a casi todos los grupos políticos del Congreso para tumbar el decreto del Gobierno, algo que ha ocurrido en contadísimas ocasiones en esta etapa democrática.
El movimiento de última hora del ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, ofreciendo jubilaciones voluntarias a partir de los 50 años con el 70% del sueldo, no ha valido para poner de acuerdo a la patronal Anesco y a los sindicatos. La principal central, la Coordinadora de Trabajadores del Mar, indicó el miércoles por la noche que la propuesta del Ejecutivo no garantiza el empleo en el sector.
Así las cosas, y una vez tumbada la reforma, el Gobierno se ve obligado a reformular la ley. La mayor parte de los grupos políticos supeditan su respaldo a la norma a que haya acuerdo con empresas y trabajadores, por lo que ahí es donde Fomento deberá volcar esfuerzos. Ayer De la Serna no dio pistas sobre cuál será el siguiente paso y se limitó a recordar que patronal y sindicatos están citados el próximo martes para seguir negociando.
multa económica Molesto por el fracaso en la votación, el ministro advirtió de que el rechazo de los grupos a la reforma “lo pagarán los españoles de su bolsillo”, dijo en referencia a la multa que Europa puede imponer a España por no cumplir la normativa comunitaria. La liberalización de la estiba está sobre la mesa desde 2011, aunque fue en 2014 cuando los tribunales europeos anularon el sistema de España imponiendo una sanción de 27.000 euros por cada día que pasara sin cambios en el sector, lo que da una suma actual de más de 21 millones. Si hay una segunda sentencia, que según el Gobierno está al caer, la cuantía pasaría a 134.000 euros al día.
El PNV indicó precisamente que su apoyo a la reforma se debe a “una cuestión de responsabilidad” para evitar el pago de la multa.
Liberalización. Los estibadores son los encargados de subir y bajar la carga a los barcos. Las empresas que operan en la estiba deben estar asociadas a la sociedad Sagep, que cuenta con una lista cerrada de empleados.
Sentencia de 2014. Aunque lo venía advirtiendo desde 2011, la justicia europea anula el sistema cerrado de los puertos españoles a finales de 2014 e impone una multa de 27.000 euros al día al Estado mientras no haya cambios. Si hay una segunda sentencia, la cuantía subiría a 134.000 euros por día.
6.150
Es el número de estibadores que operan en los puertos del Estado, unos 450 en Bilbao y 60 en Pasaia. Los sindicatos denuncian que la reforma que planteaba el PP era un “ERE encubierto” que suponía despidos y el deterioro de las condiciones laborales.
