GASTEIZ - Los funcionarios vascos seguirán trabajando 35 horas semanales pese al fallo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que anula el decreto del Gobierno de Iñigo Urkullu que establece dicho horario, sentencia dictada a raíz de un recurso presentado por el Gobierno español. Los calendarios no se modificarán porque, según señaló ayer el portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka, Lakua recurrirá “de forma inmediata” dicha sentencia ante el Tribunal Supremo, y en tanto en cuanto dicha corte no se pronuncie -y eso no ocurrirá “en los próximos meses”- la resolución queda sin efecto.

Como argumento jurídico, el Gobierno Vasco subrayará en su recurso de casación ante el alto tribunal que el decreto anulado por el TSJPV no habla específicamente de calendarios de 35 horas semanales. En lo político, por su parte, Erkoreka hizo un llamamiento a todos los partidos con representación en el Congreso de los Diputados y el Senado para que supriman la Disposición Adicional a los Presupuestos Generales del Estado de 2012 aprobada por el Gobierno central y que establece la jornada laboral para todos los funcionarios del Estado.

“Que cada administración decida con libertad los horarios de sus trabajadores”, emplazó Erkoreka, quien recordó que “durante más de treinta años cada administración ha establecido sus horarios, hasta que llegó la mayoría absoluta de Rajoy”.

agresión centralizadora El portavoz del Ejecutivo de Gasteiz señaló que esta “intromisión” en la capacidad de cada administración no sólo ha afectado a Euskadi, también a “Andalucía o Castilla-La Mancha”. El Gobierno Vasco enmarca dicha Disposición Adicional y el recurso posterior presentado ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en “el ensañamiento del Gobierno central” y en la estrategia recentralizadora que, dijo, ha emprendido el Estado desde que el PP accedió al poder.

“Nadie entiende que se establezcan en Madrid los horarios de los trabajadores vascos”, dijo Erkoreka, que considera esta guerra judicial del Estado como una afrenta en plena negociación presupuestaria. “El Gobierno Vasco no lo acaba de comprender y lo interpreta como una agresión que quiebra o al menos cuestiona el clima de entendimiento” por el que ahora aboga el PP.

El recurso al decreto de las 35 horas se suma al planteado formalmente contra la OPE número 26 de la Ertzaintza, y a otras varias decenas de litigios, tanto relativos al ajuste a la Constitución de las leyes vascas como a otras cuestiones repartidas por diferentes niveles judiciales. Es, dijo Erkoreka, “un proceso de recentralización sin precedentes” que con el fin de la mayoría absoluta y la necesidad del Gobierno central de recabar apoyos para aprobar sus Presupuestos no se ha detenido.

“Es una problemática que empieza a agudizarse”, dijo el portavoz del Gobierno Vasco, que puso sobre la mesa “una pista” para que una medida “recentralizadora y antisocial” como es el recurso al decreto de las 35 horas semanales pueda revertirse. “Sería una gran oportunidad que una disposición básica que genera tantos problemas, claramente recentralizadora, antisocial e impuesta por la mayoría absoluta de Mariano Rajoy en la Ley de Presupuestos de 2012, se suprimiera sencillamente con el apoyo de los grupos parlamentarios en la Ley de Presupuestos de 2017”, señaló. Según recordó Erkoreka, el propio Tribunal Constitucional se pronunció a favor de la competencia de las comunidades autónomas a la hora de fijar los horarios de sus trabajadores, y el Estatuto Básico del Empleado Público así lo reflejó “hasta que llegó Rajoy con su mayoría absoluta”.

En su sentencia, el TSJPV alega que el establecimiento de las 35 horas semanales afecta a la estabilidad presupuestaria por cuanto eleva el gasto público de la CAV por encima de lo establecido para 2016, aunque Euskadi va a cerrar el ejercicio cumpliendo con los objetivos de déficit fijados.

El representante del Gobierno de Urkullu dijo, por otro lado, que la Administración vasca mantiene los recursos que también ha interpuestos contra el Ejecutivo central porque “obedecen a la necesidad de combatir ese proceso recentralizador al que se oponen el grueso de las comunidades autónomas y de los partidos”.

Como ejemplo de esa ansiedad por aglutinar todos los poderes y competencias del Estado, Erkoreka señaló que fue con la mayoría absoluta de hace dos legislaturas cuando el Gobierno limitó al Boletín Oficial del Estado la capacidad de publicar notificaciones edictales de la Administración. Desde mediados del siglo XIX y hasta entonces, dijo Erkoreka, los boletines provinciales podían cumplir con dicha función, y así fue “hasta con Franco”.

“Ahora, en la era de Internet y de Google viene la mayoría absoluta y dice que sólo se pueden publicar en el BOE”, denunció.

Las líneas de defensa. El Ejecutivo de Gasteiz considera que el Estado invade competencias vascas con el decreto que fija una jornada laboral de 37,30 horas para el conjunto de las administraciones vascas. Además, en contra de lo reflejado en el fallo del TSJPV, en el decreto del Gobierno Vasco anulado no se hace referencia expresa a las 35 horas semanales.