madrid - Ciudadanos reconoce que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la indemnización de trabajadores interinos, que obliga a los empresarios a pagar lo mismo por despido a fijos y temporales y que ha sido secundada por varios jueces en el Estado español, puede invalidar el marco laboral pactado en el acuerdo de investidura con el PP, que “probablemente sea ilegal”.

El pacto unificaba todos los contratos en tres tipos: indefinido, de protección creciente y de formación, cada cual con una indemnización diferente por la finalización del contrato. La jurisprudencia dictada por la Unión Europea obligando a equiparar esta cuantía puede dejar en balde esta reforma, advierte la formación naranja. “Puede que ese acuerdo, simplemente porque hay indemnizaciones distintas para mismos tipos de trabajo, no sea válido. Ahora sabemos que es injusto y que probablemente sea ilegal”, dijo ayer Toni Roldán, portavoz económico de C’s en el Congreso.

Para Roldán el caso que desencadenó la sentencia del TJUE es “el ejemplo clarísimo” de las disfuncionalidades del mercado laboral español. “Es una persona que llevaba trabajando diez años con un contrato interino y no tenía ningún derecho de indemnización. Estaba haciendo el mismo trabajo que la persona a la que sustituía, pero que tenía unos derechos en términos de indemnización altísimos”, dijo.

En este sentido, el diputado de la formación naranja considera que la sentencia “es una puerta abierta al contrato único importantísima” y piensan aprovecharla. “Ha cambiado mucho las cosas. Se abre una oportunidad para acabar con los temporales que es muy importante, y vamos a pelear por que se cumpla eso”, indicó Roldán.

Por otro lado, el grupo de expertos designado por el Gobierno español y los agentes sociales para analizar la sentencia europea sobre trabajadores interinos ha comenzado a trabajar ya en esta labor, según informó el ministerio de Empleo y Seguridad Social, que aclara que el trabajo del grupo consistirá en determinar el “alcance” de la decisión judicial y su “impacto” en las relaciones laborales. - E. Press