MADRID - El Gobierno español ha escogido las ochenta agencias de colocación que cobrarán por adelgazar las listas del paro, entre las que están las principales ETT como Adecco o Randstad, además de entidades de formación y asociaciones sectoriales y sociales. Las agencias cobrarán entre 300 y 3.000 euros por contrato que formalicen, siempre que rescaten a un parado inscrito en las oficinas de empleo, y optarán a un premio extra si denuncian a la persona desempleada que está cometiendo fraude al cobrar una prestación. La CAV, junto con Andalucía y Catalunya, ha optado por quedarse fuera de este sistema, de manera que las personas apuntadas a Lanbide que empiecen a trabajar a través de una ETT no reportarán bonificación.

El Ministerio de Empleo publicó ayer en el BOE el nombre de las 80 agencias escogidas entre las más de 200 candidatas, con lo que se da el pistoletazo de salida a un nuevo sistema de intermediación que se comenzó a labrar en la reforma laboral de 2012. En el texto de la reforma se abre la puerta a que las ETT colaboren con el Estado en la recolocación de parados, pasando a ser formalmente agencias de colocación. Este primer paso dio lugar en verano de 2013 a un acuerdo entre el Gobierno y las comunidades autónomas, en el que se fijan las cantidades a bonificar por cada contrato que consigan las agencias de colocación, entre las que, tras la reforma, se incluyen las principales empresas de trabajo temporal, llamadas a jugar un papel protagonista. A pesar de que entre las agencias de colocación hay también otro tipo de entidades, incluso asociaciones benéficas, las ETT presentan el mejor ratio de éxito en la intermediación, si bien también generan reticencias por parte de los sindicatos por las condiciones de los contratos que ofrecen. Entre las agencias elegidas por el Gobierno se encuentran grandes ETT como Adecco, Randstad o Manpower.

La decisión del Ejecutivo de Rajoy de dar entrada a estas empresas en el proceso público de intermediación responde a una vieja demanda de Bruselas, interesada en que España adopte otros modelos que funcionan en Europa para reducir las abultadas cifras de paro. En el Estado las ETT toman parte en más del 14% de los contratos, mientras que los servicios públicos apenas lo hacen en el 2%.

Con el nuevo sistema, las agencias recibirán 300 euros por un contrato a una persona menor de 45 años que lleve menos de seis meses en paro, y cobrarán el máximo de 3.000 si es mayor de 45 y lleva más de dos años en el dique seco. Para tratar de abortar las críticas por la precariedad de los nuevos empleos, el Gobierno del PP obliga a que el contrato tenga una duración mínima de seis meses. El sistema de incentivos incluye un presupuesto de 200 millones para dos años, que serán repartidos entre las autonomías adheridas al acuerdo para que a su vez realicen el traspaso a las agencias. Además, las empresas de colocación cobrarán hasta un 15% del premio si denuncian a un parado que está cobrando de manera irregular un subsidio o una prestación, siempre que se confirme el fraude.

El Gobierno Vasco ha decidido no sumarse a esta iniciativa al entender que es preciso acotar más el papel de las ETT para evitar abusos. Por ello, los parados inscritos en Lanbide no entran en el nuevo sistema de bonificaciones aunque sean recolocados por una agencia colaboradora. En todo caso, Lakua ha abierto una fase de estudio para diseñar un posible acuerdo propio entre Lanbide y las agencias privadas, al igual que ha hecho Catalunya, siempre acotado a ciertos grupos con especiales dificultades para trabajar y garantizando la estabilidad y unas condiciones mínimas a los nuevos contratos.

Agencias de colocación. El Gobierno español pagará entre 300 y 3.000 euros por cada contrato que consigan las 80 agencias, entre las que se encuentran las grandes empresas de trabajo temporal. Los contratos deben tener una duración mínima de seis meses. También pagarán a la agencia por denunciar un caso de fraude en el cobro de la prestación, aunque el parado no acabe siendo recolocado.

La CAV se queda fuera. El Gobierno Vasco ha decidido quedarse fuera de este convenio, de manera que los parados inscritos en Lanbide no bonificarán, como tampoco lo harán los inscritos en los servicios de empleo catalanes y los andaluces.