vitoria. Según el diputado general alavés, Javier de Andrés, ninguna empresa del territorio se ha visto obligada a cerrar por tener que hacer frente a la devolución de las ayudas denominadas vacaciones fiscales. Es decir, que no ha causado quiebras. Así de contundente se mostró ayer el máximo dirigente de la Diputación Foral ante la comisión correspondiente de las Juntas Generales del territorio para informar sobre lo sucedido en la vista celebrada el pasado mes en Luxemburgo sobre estas ayudas declaradas ilegales y su recuperación por parte de las diputaciones forales.

De Andrés valoró el esfuerzo realizado por la Diputación y por las empresas alavesas para solucionar el conflicto y destacó que en el proceso ninguna empresa alavesa ha dejado de devolver la cantidad que se le reclamaba, pese a la situación económica en la que se encuentran muchas de ellas, como consecuencia de la crisis económica.

Según el diputado, el buen hacer de las empresas en ese sentido "no quiere decir" que estas empresas no hayan quedado "dañadas" y que esto no vaya a "dificultar su crecimiento" y las posibilidades de que puedan crear empleo en un futuro próximo.

El mandatario popular recordó ayer que la Comisión Europea mantiene la petición de imponer una de las dos multas que reclamaba contra España por estas exenciones fiscales. Multa que podría alcanzar los 64 millones de euros, y que condicionó la recuperación por parte de Araba de 275.000 euros en intereses de deuda que estaban pendientes. El diputado general alavés explicó ayer que esta cantidad ya ha sido recaudada, por lo que esta segunda multa no se va a producir, aunque insistió en que en esta materia también había discrepancias sobre la cantidad que consideraba la Comisión que quedaba pendiente y lo que entendía la Diputación que faltaba por recaudar.

El diputado general alavés explicó además que el trabajo de las instituciones ha logrado reducir en 143 millones los casi 500 millones que reclamaba la Comisión Europea en un principio y que el futuro de la multa, que podría ascender a 64 millones de euros, dependerá del informe que haga público el abogado general de la Comisión el 6 de marzo del próximo año.

El diputado general de Araba aseguró que su territorio acreditará en el próximo Consejo Vasco de Finanzas la recuperación en 2013 de 10,5 millones de euros de las vacaciones fiscales.