BILBAO. El Gobierno español tiene previsto comunicar mañana a las autoridades comunitarias la lista de inversores que participaron en las diferentes agrupaciones de interés económico (AIE) constituidas para aprovechar las deducciones fiscales del denominado sistema de tax lease aplicado por los astilleros del Estado español entre 2007 y 2011, así como la estimación de la cuantía de las citadas bonificaciones para cumplir con el calendario impuesto por la Comisión Europea para que recupere los dineros de lo que Bruselas ha considerado ayudas de Estado, según fuentes del sector de construcción naval vasco.

A la vista de otros contenciosos del Reino de España con Bruselas, -como el reciente de la recuperación de las conocidas como vacaciones fiscales vascas de mediados de los años noventa y que pese a recuperar el dinero la CE insiste en pedir una multa de unos 64 millones de euros-, y para evitar una posible sanción, el Ministerio de Hacienda cumplirá con los plazos impuestos por las autoridades comunitarias.

El conflicto sobre el llamado tax lease naval no estará superado hasta que se clarifiquen las consecuencias económicas de las operaciones y, como ha sucedido en otros casos, a la hora de fijar la liquidación y recuperar las ayudas no coinciden los criterios de la Comisión Europea con los que en primera instancia le ha trasladado el Gobierno de España para recuperar las ayudas, que, como acordó el Colegio de Comisarios en julio pasado, tendrán que afrontarlas los inversores por los contratos de barcos realizados entre 2007 y 2011.

En concreto, la CE fijó a instancias del comisario Joaquín Almunia la devolución de las ayudas por parte de los inversores entre el 17 de abril de 2007 (fecha en la que se publicó el expediente del caso francés) y el 29 de junio de 2011, cuando se suspendió el sistema de tax lease. En ese periodo, según datos oficiales de la Gerencia del Sector Naval, se contrataron en el Estado español 192 buques. Según fuentes de los astilleros, de ese total más del 70% se habrían firmado utilizando el antiguo sistema de arrendamiento financiero.

Aunque las primeras estimaciones hablaban de unas cifras cercanas a los 1.800 millones de euros, los últimos cálculos de la Hacienda española rebajan dicha cantidad a menos de la tercera parte.

Seguridad jurídica El director del Foro Marítimo Vasco, Javier López de la Calle, señaló que en el sector todavía no conocen la cuantificación de las ayudas realizada por la Hacienda española pero que "es fundamental que se resuelva este tema en los plazos fijados de forma que se paralice la apertura de un expediente sancionador". El sector de construcción naval de Euskadi demanda, según López de la Calle, "tranquilidad y seguridad jurídica", para poder "pasar página" y cerrar una imagen de conflicto que ya no existe. "Ahora hay un sistema de financiación para la construcción de buques totalmente legal y autorizado por Bruselas y se está trabajando en herramientas para apoyar al sector. Solo se necesita devolver la confianza a todos los agentes implicados en la construcción de un buque para poder volver a salir a los mercados a contratar nuevos barcos".

El responsable del cluster marítimo vasco recordó que "los astilleros de Euskadi están en condiciones de poder competir por nuevos contratos". En este sentido, Javier López de la Calle indicó que hace quince días estuvieron en la mayor feria del sector Offshore Oil & Gas de Europa celebrada en la localidad escocesa de Aberdeen y se pudo constatar que "con el precio del petróleo por encima de los cien dólares-barril existe un mercado muy interesante que demanda nuevos buques especializados a los que los astilleros vascos pueden optar". Fuentes de Pymar, la patronal española de astilleros privados, señalaron ayer su confianza en que el Gobierno español cumpla con el calendario previsto que incluye la presentación, mañana día 18 de setiembre, de la lista de inversores y las cuantías económicas que deberían devolver. Los astilleros esperan que la resolución de Hacienda sobre las cantidades a recuperar esté consensuada con la Comisión Europea de forma que los inversores sepan a qué atenerse y vuelvan a involucrarse en el sector de construcción naval.

Madrid y Bruselas han mantenido diferencias sobre cómo fijar la cuantía a recuperar. No obstante declarar la ilegalidad de la ayuda de acuerdo con lo prevenido en el artículo 107.1 del tratado europeo, la CE determina que es cuantía compatible con el Tratado aquella parte de la ayuda trasladada al armador. No así la ayuda trasladada al astillero aún cuando se ajusten al marco aplicable a las ayudas estatales a la construcción naval. Y es en este punto donde se han dado las mayores discrepancias, según fuentes del sector.