MADRID. La decisión fue tomada por el pleno del tribunal el pasado 30 de octubre, fecha en la que se acordó también dar traslado de la misma al Congreso, al Senado y al Gobierno para que en el plazo de quince días puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que consideren oportuna.
El recurso del grupo socialista y la Izquierda Plural (IP) está dirigido contra siete artículos y dos disposiciones de la norma.
Dichos puntos de la ley atribuyen a la Comisión Nacional de Convenios Colectivos la facultad para acordar la inaplicación de cuestiones pactadas por convenio, dan preferencia al convenio de empresa, establecen un año de prueba en el nuevo contrato fijo para pymes y eliminan los salarios de tramitación, entre otras cosas.
PSOE e IP entienden que estos cambios atentan contra el papel institucional reconocido a las organizaciones sindicales y empresariales, el derecho a la libertad sindical, el derecho a la negociación colectiva, el derecho al trabajo, el derecho a la tutela constitucional y a la tutela judicial efectiva.
A este recurso se suma el presentado por el Parlamento de Navarra, así como la cuestión de inconstitucionalidad promovida por el juzgado de lo social número 30 de Madrid, que entendió que algunos aspectos relativos al despido vulneraban el principio a la tutela judicial efectiva y el derecho a la igualdad de trato establecidos en la Carta Magna.
