Bilbao. El Gobierno español dará una nueva vuelta de tuerca a la normativa bancaria mientras el sector sigue a la espera de las auditorías individualizadas y se desconocen aún los efectos del rescate de hasta 100.000 millones de euros ya concedido a España. Será la cuarta reforma en tres años. Además de la creación del anunciado banco malo, el Ejecutivo del PP adelantó ayer que aprobará que los bancos problemáticos puedan ser liquidados y vendidos por partes. Son las entidades que están en manos del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) como Bankia, Novagalicia, Catalunyacaixa y Banco de Valencia, las que podrían verse en esa situación a corto plazo, aunque el tamaño de todas ellas hace pensar que se buscarán soluciones diferentes en cada caso.
Según figura en el borrador de un real decreto ley que se filtró ayer a los medios y que el Gobierno de Rajoy prevé aprobar el próximo viernes, el FROB podrá vender diferentes líneas de negocio de entidades inviables a otros competidores o aglutinarlas en un "banco puente", dentro del proceso de liquidación de bancos sin futuro.
El texto explica que se considera inviable a una entidad que, por ejemplo, incumple de manera significativa los requerimientos de solvencia u objetivamente se cree que lo va a hacer en el futuro. Para estas entidades estaría cerrada la posibilidad de recibir ayuda con una "intervención temprana" o una "reestructuración", reservada para bancos con visos de prosperar, y estarían abocadas a una liquidación ordenada. El FROB podrá liquidar una entidad inviable si esta no logra reconducir la situación en un plazo establecido previamente, si presenta un plan de actuación inadecuado para hacerlo o lo incumple. El organismo podrá entonces proceder a la venta de la entidad completa o de partes de la misma, incluso en contra de la voluntad de sus accionistas.
Es decir, como se hizo en la reconversión industrial, el Gobierno da pie a que las partes rentables de los bancos en problemas cambien de manos, aunque solo un pequeño grupo de bancos podrían asumir las subastas que se producirían en ese supuesto.
La norma recoge también la creación de un "banco puente" al que el FROB podrá trasmitir los activos de la entidad en cuestión que esté bajo su administración para maximizar el precio de venta de estos, o a una entidad de gestión de activos, el conocido como banco malo, en la que el organismo tenga una participación. El "banco puente" desaparecerá una vez concluido el proceso de venta.
Los mercados dan por hecho que el Gobierno aprobará ese futuro banco malo, pero poco se filtró ayer al respecto, solo que el borrador del real decreto lo denomina como entidad de gestión de activos. Así, se esperan detalles próximamente.
Solvencia Otra de las novedades de la reforma afectará a todas las entidades. Los bancos españoles tendrán que elevar antes de finalizar el año su nivel de solvencia del capital principal del 8% al 9%. Kutxabank, el banco de las cajas vascas, es uno de los mejor situados en ese capítulo, con un capital principal muy superior a las exigencias, cercano al 12%.
Las entidades que a 1 de enero de 2013 no cuenten con esa nueva cifra de capital principal mínimo deberán presentar ante el Banco de España en 20 días hábiles la estrategia y calendario para cumplir con este nivel de solvencia antes del 30 de junio del próximo año, según se avanzó ayer.
Según destacó la agencia Efe ayer, el borrador de real decreto también modifica la forma de calcular el nivel de solvencia, de modo que a las entidades financieras les resultará en teoría más difícil alcanzar el ratio exigido del 9%. Por ejemplo, tendrán que deducir de la cifra de capital principal el 50% de las participaciones en entidades aseguradoras o de las participaciones en otras entidades financieras no consolidadas.
Medio millón Por otro lado, la normativa también variará en cuanto a las retribuciones de los grandes dirigentes bancarios. El Gobierno de Mariano Rajoy limitará de nuevo, por segunda vez, la remuneración fija que pueden percibir los responsables de entidades financieras que reciban ayudas públicas, que quedará fijada en 500.000 euros, frente a los 600.000 euros establecidos el pasado mes de febrero.
En las entidades nacionalizadas -como es el caso de Bankia, Novagalicia Banco y Catalunyacaixa-, el máximo se mantiene en los 300.000 euros establecidos en el Real Decreto-Ley del pasado mes de febrero.
Así, la ayer anunciada bajada de sueldo afectará, por ejemplo, a los responsables de BMN y Caja España-Caja Duero y a aquellas entidades que hayan formado parte de un proceso de integración sin "apoyo financiero público" pero que finalmente lo necesiten. Es decir, habrá que esperar a las auditorias para calcular que entidades podría llegar a necesitarlas.
El borrador del decreto incluye además una solución para los tenedores de participaciones preferentes o subordinadas de las entidades que han recibido ayudas públicas o han sido intervenidas, pero los inversores tendrán que asumir una quita, ya que el canje se hará teniendo en cuenta el valor de mercado de estos productos.
