Vitoria. "El próximo 15 de junio puede que sea el último día de la vida de esta empresa", pronosticaba el pasado 25 de mayo Asier Giraldo, presidente del comité de empresa de Celsa Atlantic (antigua Laminaciones Arregui), durante una comparencia de prensa en el exterior de la fábrica de la calle Barratxi para denunciar el "chantaje" al que, a su juicio, estaban siendo sometidos los trabajadores. Semanas después de aquel vaticinio y en vista de lo ocurrido ayer en la enésima reunión mantenida con los representantes del grupo catalán, el representante sindical no se va a equivocar.

Después de analizar la propuesta que el comité elaboró y entregó días atrás a la dirección como "alternativa" para garantizar la supervivencia de las plantas de Vitoria y Urbina, los abogados de Celsa rechazaron ayer punto por punto todas las propuestas ofrecidas y sólo aceptaron como bueno el concepto de "bajas voluntarias" contemplado en dicho plan siempre y cuando se alcanzaran los 91 despidos exigidos por la empresa desde el comienzo de las negociaciones. Según la versión sindical, Celsa considera que la alternativa presentada por el comité continúa sin ser suficiente para atajar el problema económico que arrastra desde hace tiempo, una cuestión nuclear que justifica, para la empresa, su decisión de ajustar la plantilla y endurecer las condiciones laborales para garantizar la rentabilidad de la histórica compañía.

"Chantaje despreciable" En este escenario, la empresa dictó sentencia. A bocajarro. Y anunció una nueva reunión para mañana jueves a las 10.00 para comenzar a concretar los detalles del ERE de extinción que presentó el pasado 10 de mayo. Esto es, iniciar un nuevo tiempo -que podría durar hasta seis meses- para negociar los despidos y las pertinentes indemnizaciones de los 352 trabajadores que conforman actualmente la plantilla de Laminaciones Arregui.

En un comunicado enviado a última hora de la mañana, el comité de empresa señaló que Celsa se habría negado a incluir en el posible acuerdo la cláusula antidescuelgue y la ultraactividad, ciñéndose únicamente a su propuesta de plan de viabilidad y plan social, cuyas líneas maestras son las mismas que viene defendiendo desde un principio: variabilizar el salario entre un 10%, 15%ó 20% en función del salario que se cobre; jornada flexible en un 10% sobre 214 días; bolsín /sistema de cuenta corriente con el exceso o defecto de jornadas de forma interanual; convenio hasta el 2017; subidas del IPC, como única forma de aumentar la masa salarial, a partir de 2015 ( 2014 si son los resultados son positivos); y garantía de continuidad de la actividad hasta 2015.

Sin margen de maniobra posible y a la espera de concretarse los detalles de esta traumática decisión, la plantilla continuará movilizándose en Vitoria para seguir denunciando el "chantaje despreciable", según palabras del representante sindical Nando Anguino, "al que hemos sido sometidos desde hace años por parte de esta empresa". Así, los trabajadores volverán a recorrer esta tarde las calles de Vitoria y mañana acudirán a las inmediaciones de Mendizabala -sede del Azkena Rock- para recoger firmas de solidaridad que entregarán al Ayuntamiento al día siguiente. "Poco más podemos hacer que buscar respaldo social a la puñalada trapera que nos han metido", lamentaba ayer a este periódico Anguino.