Vitoria. Auténtico varapalo, una noticia "lamentable para la economía vasca" en opinión de la patronal vizcaína. A media tarde de ayer, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco hizo pública su decisión de aceptar la resolución de la Corte Internacional de Arbitraje que obligaba a Euskaltel a pagar una indemnización a Orange -propiedad de France Telecom y heredera de Amena- de 222 millones de euros. Ese laudo arbitral había dictaminado que Euskaltel "violó las estipulaciones" en los contratos y adquirió carácter "firme" por efecto de una sentencia del pasado febrero del Tribunal Federal Suizo. Ahora el alto tribunal vasco ha verificado que esa resolución se ajusta a las leyes españolas, dictaminando además que la empresa vasca asuma las costas procesales.

Euskaltel aseguró que cuenta con el apoyo de sus socios para hacer frente al pago y señaló que, pese al grave perjuicio que le supone, continuará normalmente con su actividad y planes estratégicos. Además, avanzó que estudiará "todas las posibilidades" de recurso o impugnación que puedan existir.

El origen del litigio entre las dos empresas comenzó en 2006 cuando Euskaltel y Amena (hoy Orange) rompieron un acuerdo que habían rubricado en 1999 para dar servicio de telefonía en el País Vasco. Euskaltel decidió entonces convertirse en operador móvil virtual, lo que provocó una lucha comercial entre las dos empresas por unos 450.000 clientes. La Corte Internacional de Arbitraje aceptó el 6 de julio de 2010 los argumentos de Orange y determinó que la empresa vasca debía pagar una indemnización de 222 millones, aunque la francesa había exigido casi 300 millones en compensación por la pérdida de clientes.

En un comunicado, Euskaltel consideró ayer que esta sanción es "fruto de una injusticia histórica" y criticó que el TSJPV se haya "limitado a asumir" un laudo que, a su juicio, es "una aberración jurídica, arbitrario, desproporcionado y parcial". En este sentido, cuestionó el proceder del alto tribunal vasco por haber rechazado a finales de 2011 la práctica de pruebas solicitada por la compañía vasca y la celebración de una vista. Según Euskaltel, este proceso existe porque France Telecom, de la que el Gobierno francés es principal accionista, "pretendió valerse de un proceso arbitral en sede francesa, que no tuvo en cuenta ni las argumentaciones de Euskaltel ni las del árbitro español en su voto particular". Así, reprochó que el TSJPV haya "obviado" los argumentos jurídicos de José Pedro Pérez-Llorca, quien consideró que las cuestiones objeto de litigio serían competencia de un proceso arbitral en España, no en Francia, y que Euskaltel no incumplió ninguna cláusula de competencia.

Algunos de los principales socios de la operadora vasca salieron ayer públicamente a respaldarla. Fue el caso del Gobierno Vasco, que a través de fuentes del Departamento de Industria mostró su "total apoyo". En la misma línea, la corporación Mondragon, que cuenta con el 2,13% del accionariado de Euskaltel, afirmó que la resolución no afecta a su presencia en el accionariado del operador. Especialmente relevante es la posición de Kutxabank, que ostenta el 69% de las acciones de la firma, y que indicó que el fallo no afectará a su estrategia en la empresa. Recientemente, el presidente de Kutxabank, Mario Fernández, reconoció que parecía "razonable revisar" esta participación, que está analizando toda su cartera. Las mismas fuentes señalaron que aún no hay una decisión al respecto.