Vitoria. Las 48 horas transcurridas desde la reunión del Órgano de Coordinación Tributaria (OCT) no han servido para calmar las aguas tras el envite de la Diputación guipuzcoana frente a la alavesa y la vizcaína, que supuso defenestrar el principio de acuerdo fiscal que llevaron a la reunión. Con la recuperación del Impuesto de Patrimonio en el epicentro, aunque no únicamente, el modelo fiscal vasco parece avanzar directo a la desarmonización, con Gipuzkoa por un lado (respaldado en buena medida por el Gobierno Vasco) y Araba y Bizkaia por otro. El diputado general alavés, Javier de Andrés, miraba el miércoles hacia su homólogo guipuzcoano instándole a repensar su posición para no romper la armonización fiscal. La respuesta le llegó clara ayer. Martin Garitano fue meridianamente claro en una comparecencia en Juntas Generales: esa desarmonización "no vendrá porque hagamos una reforma de la fiscalidad, sino porque los otros no se han sumado a nuestra propuesta".

La posición de Bildu es firme: la modificación que proponen, no sólo para recuperar el Impuesto de Patrimonio sino para crear nuevos tramos en el IRPF para rentas altas, por ejemplo, es "necesaria" y "no hay ninguna otra vía". Y en la defensa de esa posición de firmeza, Bildu se encuentra con el respaldo del PSE o, en definitiva, del Gobierno Vasco. La portavoz juntera del PSE-EE en Gipuzkoa, Rafaela Romero, advirtió ayer de que los socialistas "no admitirán derechos de veto" por parte de Bizkaia y Álava "para evitar una desarmonización fiscal".

Romero afirmó que el PSE estará "al lado" de la Diputación de Gipuzkoa "en tanto se logre el doble objetivo de una fiscalidad más justa, que garantice las cuentas públicas, y que impida una desarmonización en la medida de lo posible". No obstante, precisó que "no a costa de favorecer a Bizkaia y a Álava para aprobar sus presupuestos". Bizkaia mostró antes de la reunión del OCT disposición a hablar de la tasa sobre el Patrimonio, pero Araba mantiene firma su idea de esperar a ver cómo se reimplanta este impuesto en las comunidades colindantes con la CAV.

Garitano se apoyó en datos para argumentar la necesidad de aumentar los ingresos de las arcas forales. Así, señaló que este año Gipuzkoa ha recaudado, según lo aprobado en el Consejo, 3.688 millones de euros, cifra "muy por debajo" de la previsión, concretamente un 6,38% menos de lo previsto y un 0,19% más que el cierre de 2010". En Euskadi la recaudación se sitúa en 11.690 millones cuando la previsión era de 12.500 millones. Además, Garitano recordó que las diputaciones tienen que devolver al Estado los 434,8 millones recibidos por el caso Rover, devolución que se ha acordado hacer en tres partes iguales en 2011, 2012 y 2013.