300%

l Sanciones. Las sanciones se endurecerán a partir del 1 de agosto hasta en un 300%. Si se incumple la obligación de afiliación y alta en la Seguridad Social, la sanción pasará de los 625 euros como mínimo y los 6.250 euros como máximo actuales a multas de entre 3.126 euros a 10.000 euros. Si se compatibiliza el trabajo con el cobro de prestaciones de desempleo y otras de la Seguridad Social que sean incompatibles, las sanciones actuales -que van de 6.251 euros a 187.515 euros-, serán de 10.001 euros como mínimo y se mantienen los 187.515 euros de máximo.

madrid. Las empresas que regularicen antes del 1 de agosto a los empleados que hayan trabajado de forma irregular no tendrán que pagar las cotizaciones que deberían haber abonado hasta la fecha, con lo que esos empleados tampoco verán reconocida ninguna aportación que le de derecho a una futura prestación como el desempleo.

Así lo establece el plan del Gobierno para el afloramiento del empleo sumergido aprobado ayer en Consejo de Ministros y que finalmente se ha quedado en un endurecimiento de las sanciones para los empresarios que no tengan a sus empleados afiliados a la Seguridad Social, unas multas más elevadas que empezarán a aplicarse el 1 de agosto.

El decreto ley de medidas para la regularización y control del empleo sumergido en un principio pretendía que aflorara el trabajo irregular y que se reconociera a los trabajadores una parte del tiempo trabajado. No obstante, el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, anunció ayer que el plan "no va a mirar al pasado", de forma que a ningún trabajador regularizado se le reconocerá el tiempo que haya trabajado antes de que la empresa le dé de alta en la Seguridad Social.

En los borradores del decreto que manejaron los agentes sociales se preveía la posibilidad de que se les reconocieran de manera retroactiva al menos seis meses de cotización.

De esta forma, el plan se limita a un aviso a los empresarios para que afilien a sus trabajadores irregulares antes de que se vean obligados a pagar mayores multas si son descubiertos por la Inspección de Trabajo. "No hemos querido sorprender, avisamos de lo que va a suceder", afirmó Gómez, quien insistió en que no se va a "amnistiar" a las empresas.

El Ministerio de Trabajo aseguró que el plan incluye "medidas extraordinarias de estímulo" a la regularización del empleo no declarado, pero según lo explicado por Gómez son únicamente de carácter disuasorio. Según dijo, junto con las bonificaciones, las sanciones también constituyen una política de estímulo. Sin embargo, explicó que esta última ya ha sido adoptada por el Gobierno con la bonificación del contrato a tiempo parcial, incluida en el plan de choque para fomentar el empleo de jóvenes y parados de larga duración.

Preguntado por el impacto previsto del plan, reiteró que es muy difícil de calcular, si bien reconoció que el empleo sumergido es "importantísimo" en España como en el resto de la UE.

CCOO y UGT rechazaron el plan al considerar que favorece a los empresarios "sin escrúpulos", y lo consideraron un "ejercicio voluntarista" al dictado del Pacto por el Euro. CEOE y CEPYME lamentaron que no contenga aspectos fiscales y sólo cambios laborales.