MADRID. Situada en la provincia de Burgos, en una península natural formada por un meandro del río Ebro, esta central consta de un sistema nuclear de producción de vapor formado por un reactor de agua ligera en ebullición (Boiling Water Reactor, BWR) suministrado por General Electric -en España sólo hay dos reactores de este tipo, los de Garoña y Cofrentes-.
El de Garoña es el reactor nuclear más antiguo de los ocho actualmente operativos en España. Inició su actividad industrial en marzo de 1971 y es propiedad de Nuclenor, empresa pionera en España en el aprovechamiento de la energía nuclear, participada al 50 % por Iberdrola y Endesa.
La central de Santa María de Garoña cuenta con una potencia eléctrica instalada de 466 MW (inicialmente era de 460).
En 2009 generó 3.579,85 millones de kWh, con unos factores de carga (producción) y de operación (tiempo de conexión a la red eléctrica) superiores al 87% y 89% respectivamente.
A finales de 2003, Garoña inauguró un simulador que permite que los operadores de la sala de control puedan cubrir su periodo obligatorio de formación anual sin necesidad, como hacían antes, de desplazarse a Estados Unidos.
En los años 2004 y 2005 la central de Garoña registró dos incidentes calificados de nivel 1, de acuerdo con la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES).
En febrero de 2004 se envió, por error, una partida de chatarra radiactiva a una acería de Vizcaya y el 14 de marzo de 2005, en el transcurso de una prueba de vigilancia de las válvulas de ventilación del edificio de contención, se detectó un comportamiento anómalo del sistema.
También fue clasificado con nivel 1 un fallo registrado en agosto de 2008 en las baterías de suministro ininterrumpido.
El permiso de explotación de Garoña se renovó el 5 de julio de 1999 por un plazo de 10 años; y en 2006, Nuclenor solicitó la prórroga por otros diez más (hasta 2019).
Garoña se vio envuelta en la polémica en 2009 cuando debía decidirse la prórroga por otros diez años -hasta 2019- que pedía la empresa propietaia.
El CSN se pronunció a favor, pero el Gobierno optó por una prorroga de cuatro años y ordenó el cierre de la central el 1 de abril de 2013; una decisión que no contentó ni a los ecologistas, que pedían el cierre inmediato, ni tampoco a Nuclenor, ni a sus trabajadores, que solicitaban una prórroga de diez años. .
En noviembre de 2009, el Consejo de Ministros aprobó un plan de subveniones al entorno de la central para compensar su cierre (Plan Garoña), que contempla una inversión directa de más de 900 millones de euros entre 2010 y 2013.
