Vitoria. Después de un año en el que los gobiernos vasco y español se han afanado por estimular el mercado de trabajo, impulsar el consumo y reactivar la economía, la crisis ha entrado en un nuevo tercio y ahora toca ahorrar para evitar que el país caiga en la bancarrota. Así, paradójicamente, a los poderes públicos les toca quitar lo que antes dieron, y lógicamente los efectos sobre la economía real de esa política de ajuste no tardarán en verse. Dentro de seis meses, en concreto, la economía vasca experimentará un frenazo en su incipiente crecimiento, según explicó ayer en el Parlamento Vasco el consejero de Economía del Ejecutivo autónomo, Carlos Aguirre.

La Cámara votaba ayer el Proyecto de Ley que revisa a la baja los Presupuestos de 2010, a los que se conseguirá arañar cien millones de euros, principalmente mediante la reducción de la masa salarial de los funcionarios en un 5%. La medida, explicó Aguirre, contribuirá a reducir el déficit, e incluso permitirá al Gobierno no agotar su capacidad de endeudamiento para este año, en el que se mantiene la previsión de crecimiento en el 0,5%, pero a cambio en 2011 caerá dos décimas sobre lo estimado, hasta el 1,6%. En los años siguientes, los augurios se verán reducidos en otra décima, para situarse en el 2,1% en 2011 y el 2,3% en 2013. En definitiva, se saneará la caja, pero a costa de que a Euskadi le cueste un poco más despegar.

En todo caso, esa es la política que ahora dicta Bruselas y a ella se han atenido en Madrid y en Vitoria, en este caso con el apoyo de un PP muy crítico y la abstención del PNV.

Los populares no apoyan a los socialistas porque el plan de recortes de Zapatero sea lo más conveniente para Euskadi, sino precisamente porque la capacidad del Ejecutivo Vasco de adaptar las medidas permitirá "minimizar los daños del Real Decreto" del presidente del Gobierno, apuntó ayer en la Cámara el parlamentario Antonio Damborenea. Los conservadores recordaron que Zapatero estaba obligado por la UE a reducir el gasto y la deuda, pero no a "congelar las pensiones y reducir la inversión", y precisamente para evitar que eso suceda en Euskadi apoyan los recortes de Patxi López.

En todo caso, sus votos permitieron sacar adelante un Proyecto de Ley que según el PSE ha sido mimetizado por las diputaciones vascas "después de acusar a Zapatero de causar la crisis y a López de hacerle seguidismo". Así afeaba el portavoz socialista, José Antonio Pastor, el comportamiento de un PNV que ayer prefirió no intervenir en el Pleno y limitarse votar la abstención.

Eso sí, la jeltzale Ane Urkiola utilizó su turno de explicación de voto para avalar, no sin críticas al lehendakari, la adaptación a Euskadi del tijeretazo de Zapatero. "Si las condiciones son diferentes, las medidas deberán de ser también diferentes", señaló Urkiola, que sin embargo criticó que el recorte salarial se aplique a todas las instituciones vascas. Además, el PNV no cree que la función pública esté sobredimensionada en Euskadi, como se ha venido diciendo, pues la CAV "es una de las comunidades autónomas con menos empleados públicos entre la población ocupada".

Con estas críticas opiniones sobre el Proyecto de Ley por parte de los grupos que lo han apoyado o no lo han obstruido, no era de esperar que el resto de formaciones echara un capote a Carlos Aguirre. Aintzane Ezenarro, de Aralar, censuró que el texto saliera adelante por "las dependencias de algunos partidos", y Mikel Arana, de Ezker Batua, llamó a la población a secundar la huelga general del día 29, para rechazar en la calle unas medidas que van a por "los ciudadanos que no pueden constituir grupos de presión". Jesus Mari Larrazabal, de EA, acusó al Gobierno Vasco de "optar por la vía más fácil", y Gorka Maneiro, de UPyD, consideró "injusto" el recorte salarial a los funcionarios.