Eufemiano Fuentes, condenado a un año de prisión

El médico Eufemiano Fuentes ha sido condenado a un año de prisión y cuatro de inhabilitación para la medicina deportiva tras ser declarado como autor de un delito contra la salud pública, según dictaminó la jueza Julia Patricia Santamaría en la sentencia de la Operación Puerto anunciada este martes, mientras que el preparador físico José Ignacio Labarta fue condenado a cuatro meses de cárcel y quedaron absueltos los otros tres imputados, Manolo Saiz, Vicente Belda y Yolanda Fuentes.

El galeno canario, que también recibió una multa de 4.500 euros, ha sido señalado como autor de un delito contra la salud pública del artículo 361 del Código Penal ya referenciado, con la agravación del articulo 372, aunque no ingresará en prisión al ser una pena menor de dos años y no contar con antecedentes penales.

Fuentes buscaba con su sistema de transfusiones sanguíneas "la exclusiva finalidad de elevar artificialmente el rendimiento físico del ciclista" para lo cual "contaba principalmente con la colaboración de otra persona que no ha sido objeto de enjuiciamiento", en referencia al médico José Luis Merino Batres, que fue liberado del proceso por padecer Alzheimer.

"Eufemiano Fuentes realizaba esta actividad planificando el sistema de extracciones y reinfusiones de los deportistas coordinándolo con su preparación física a la vista del calendario de competiciones de la temporada del ciclista en cuestión, a fin de conseguir la doble finalidad de óptimos resultados en la competición y al tiempo evitar ser detectado el ciclista en los controles antidopaje, ya que las autotransfusiones se realizaban incluso en periodo de competición", señala la sentencia, integrada por 384 folios.

Además, se considera probado que el médico "en determinados casos" acompañaba el sistema de extracciones y reinfusiones "con la dispensación al ciclista de determinadas especialidades farmacéuticas" prohibidas, "principalmente y en la mayoría de los casos eritropoyetina (EPO), pero también otras sustancias como factores del crecimiento (IGF-1), testosterona, insulina y hormona femenina gonadotropina (hMG)".

Estas prácticas tenían "la exclusiva finalidad de conseguir la elevación del nivel de hematocrito del ciclista" y no de preservar su salud, como defendió Fuentes durante el juicio. Por contra, suponían "un importante peligro para la salud del ciclista" al ponerle en mayor riesgo de sufrir dolencias como "trombosis, infartos (...) e incluso daños neurológicos a nivel cerebral (como mayor probabilidad de accidentes cerebrovasculares, convulsiones, ataque isquémico transitorio y otros como cefalea, debilidad o mareo)".

Todos estos riesgos "podían verse incrementados en el caso de que a dicho procedimiento se uniera el consumo de la mencionada eritoproyetina", más aún teniendo en cuenta que los tratamientos se suministraban "de una manera clandestina y al margen de cualquier tipo de control o inspección de las Autoridades". LABARTA, CUATRO MESES DE CARCEL COMO COMPLICE.

Por otro lado, José Ignacio Labarta, supuesto coreo señalado como cómplice, fue condenado a cuatro meses de cárcel y otros tantos de inhabilitación para ejercer el oficio de entrenador deportivo o cualquier actividad profesional relacionada con el ciclismo, así como a pagar una multa de 1.800 euros.

La sentencia acusa a Labarta de "colaboración activa circunscrita a la preparación del sistema de entrenamiento del ciclista a fin de conseguir el mayor éxito de las prácticas dirigidas y practicadas directamente por Eufemiano Fuentes, todo ello encaminado igualmente a la obtención del mayor rendimiento del ciclista y a cambio de una remuneración que le pagaba Eufemiano Fuentes".

En cuanto a los otros imputados, la jueza entiende que no ha quedado acreditada la participación en los hechos de Manolo Saiz, exdirector deportivo del equipo Liberty; de Vicente Belda, exdirector deportivo del equipo Comunidad Valenciana; ni de Yolanda Fuentes, exmédico del equipo Comunidad Valenciana.

De esta forma, se pone un nuevo punto y aparte en la Operación Puerto, que estalló en mayo de 2006, ya que tanto las acusaciones como las defensas anunciaron que recurrirían la sentencia si no se ajustaba a sus intereses. Las partes cuentan ahora con diez hábiles para interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid. EP