valencia. El Gobierno solicitará a los juzgados que adopten medidas cautelares "cuanto antes" para "impedir que avancen las demoliciones de bienes culturales" en el barrio valenciano del Cabanyal "porque son patrimonio histórico", aseguró ayer Ángeles González-Sinde. La ministra de Cultura hizo estas declaraciones a causa de las actuaciones del Ayuntamiento de Valencia, que demolió ayer cinco inmuebles de la zona.
El Consistorio encabezado por Rita Barberá ordenó iniciar los derribos en el Cabanyal ayer, el mismo día en que entraba en vigor la ley autonómica que avala el plan municipal de reforma del barrio, pese a la orden ministerial que lo prohíbe por su riesgo de expolio y a la intensa protesta vecinal encontrada.
Las palas excavadoras tiraron abajo, desde las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde, los cinco inmuebles sobre los que el Ayuntamiento tenía desde enero licencia de derribo para llevar a cabo su plan, que contempla también la prolongación hasta el mar de la avenida de Blasco Ibáñez. Desde la temprana llegada de máquinas y de las dotaciones del Cuerpo Nacional de Policía y de la Policía Local a la zona comprendida entre las calles de San Pedro, Luis Despuig y Vidal de Canelles, la movilización vecinal fue en aumento hasta desembocar en los momentos más tensos de la jornada, con el desalojo forzoso de políticos y vecinos que pretendían impedir una actuación de "terrorismo de ladrillo", según la diputada de Compromís Mònica Oltra. Los policías desalojaron, en algunos casos a rastras y en volandas, a diputados autonómicos como Oltra y Marga Sanz y Lluís Torró (EU), a concejales como Vicente González Móstoles (PSPV) y a vecinos de todas las edades que se habían atrincherado en la casa del número 15 de Vidal de Canelles. Sanz presentó una denuncia contra la Policía Local por las lesiones sufridas durante el desalojo, de las que ha tenido que ser atendida en el Hospital Clínico.
Las cinco casas derribadas, de planta baja o de dos alturas como máximo, se encontraban fuera de la zona declarada como Bien de Interés Cultural (BIC), según el Ayuntamiento, aunque para la oposición estaban protegidas por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
La Abogacía del Estado y Salvem el Cabanyal presentaron durante la mañana sendas solicitudes para la paralización urgente de los derribos, y los juzgados de lo Contencioso-Administrativo 4 y 9 las denegó en lo referente a su urgencia, no así en una posible medida cautelar a adoptar en diez días.
