madrid. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, respaldó ayer la labor de la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, en la nueva legislación para el control de las descargas en Internet, y negó que el jefe del Ejecutivo la desautorizara al decir que "no se cerrará nada" en la red. Mientras, los internautas salieron ayer a la calle y se concentraron En defensa de los derechos fundamentales en Internet.
El PP pidió la dimisión de González-Sinde. Según el vicesecretario de Comunicación del partido, Esteban González Pons, la ministra de Cultura debería dimitir porque "claramente ha sido desautorizada" por el presidente del Gobierno y ella, junto con todo su equipo, "han quedado en evidencia". "Garantizaron que el proyecto de Ley no cambiaría ni una coma y ahora el presidente ha dicho que quizá lo cambie", explicó. De la Vega respondió así al ser preguntada sobre si la titular de Cultura se había planteado dimitir después de que el jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero la desautorizara ayer al decir que "no se va a cerrar nada" en Internet. "La ministra no se ha planteado ninguna de las cuestiones que usted me ha mencionado", dijo la vicepresidenta, quien subrayó que las palabras de Zapatero "no suponen, en absoluto, ninguna desautorización a la ministra" y que para el presidente, González-Sinde está llevando a cabo su tarea "acertadamente". El Gobierno está buscando una fórmula con la que corregir la disposición adicional del anteproyecto de Ley de Economía Sostenible que crea una Comisión de Propiedad Intelectual con potestad para cerrar páginas web que vulneren derechos de autor. Según explicaron ayer fuentes del Ejecutivo, está claro que toda decisión administrativa cuenta y contará con un control judicial. En el anteproyecto de Ley se establece que la Comisión de Propiedad Intelectual, un órgano administrativo dependiente del Ministerio de Cultura, podría actuar sin necesidad de decisión judicial contra aquellas web que exploten sin permiso contenidos con derechos de autor. Tras la polémica suscitada entre blogueros, internautas -y en la oposición-, el Ejecutivo estudia cuándo intervendrá el juez a la hora de cerrar una página, antes o después de que la Comisión de propiedad intelectual tome una decisión.
La manifestación para protestar contra el cierre de webs que tenían previsto llevar a cabo ayer los internautas en las calles fue desautorizada por el Gobierno, y ante esto el grupo de Facebook Manifestación Relampago en Madrid en defensa de los derechos fundamentales anunció entre sus usuarios la desconvocatoria de la misma, si bien sugería que "si alguien quiere seguir adelante y estar a las 20.00 horas frente al Ministerio de Cultura, puede hacerlo libremente". Y así lo hizo un grupo de internautas, que quiso defender sus derechos con su presencia.
