desde que nos han descubierto la palabreja, se nos llena la boca a todas horas hablando de lawfare. Lo curioso es que, como ya he apuntado por aquí unas cuantas veces, muchos de los que con más brío denuncian la utilización espuria de la Justicia para fines políticos no han dudado en acudir a tribunales de diversos niveles buscando hacer daño a partidos rivales; en nuestro terruño, particularmente a uno. Acostumbrado a la práctica, que recientemente se ha saldado con sonoros archivos de causas sandungueras, pensaba que, dentro de lo poco edificante, había unos ciertos límites. Así, ni por asomo hubiera imaginado que, además de a las denuncias del flanco ideológico propio, se diera pábulo, aunque fuera como al despiste, a las que tienen como promotores a partidos y personajes de la derecha extrema. Pero se ve que todo es bueno para ciertos conventos, venga de donde venga.
Les hablo, para concretar, que ya es hora, de las informaciones propagadas con delectación sobre la declaración de la consejera Arantxa Tapia en una denuncia por “tráfico de influencias” instigada por UPN y el Partido Popular, con la firma del abogado y político del más rancio abolengo Jaime Ignacio del Burgo. Obviamente, en los titulares se obviaba el dato y también que todo partía de la operación de acoso y derribo de las citadas formaciones contra el primer gobierno de progreso de Navarra, liderado por Uxue Barkos. Así que cualquiera que no fuera a la letra menuda podía pensar que Tapia afrontaba una grave acusación, cuando resulta que no estábamos más que en el último trámite de un esperpento que nunca debió llegar a sede judicial. De hecho, fue cuestión de horas que trascendiera que la Fiscalía había archivado la investigación porque no tenía ni pies ni cabeza. Como dijo el portavoz del Gobierno Vasco, todo iba de manchar el buen nombre de la consejera. Y algunos ayudaron.
