Últimamente, se ha puesto de moda el dichoso término lawfare, con polémica, además. Ya sabemos que es una palabra formada por los vocablos ingleses ‘law’ (ley) y ‘warfare’ (guerra). O sea, que significaría guerra judicial. La Fundéu afina algo más y apunta que en el ámbito político lawfare hace referencia al uso de procedimientos judiciales “con fines de persecución política, desacreditación o destrucción de la imagen pública e inhabilitación de un adversario político”. ¿Existe el lawfare, así entendido, en España? El poder judicial, prácticamente en su conjunto, ha puesto el grito en el cielo para negarlo de manera categórica. Sobre todo, porque el acuerdo entre el PSOE y Junts lo menciona textualmente y lo acota como “judicialización de la política” y prevé comisiones de investigación en el Congreso. A poca memoria que nos quede, en Euskadi podemos recordar algunos casos sospechosos de lawfare, algunos muy sonados: el lehendakari Juan José Ibarretxe tuvo que sentarse en el banquillo de los acusados imputado por reunirse con representantes de Batasuna; el presidente del Parlamento Vasco Juan Mari Atutxa y los miembros de la Mesa fueron juzgados ¡y condenados! por no disolver un grupo parlamentario, cosa imposible de hacer aunque se lo ordenaran los jueces del Supremo: la sentencia fue anulada por el Tribunal de Estrasburgo; lo mismo sucedió con la condena a Arnaldo Otegi por “terrorismo” en el caso Bateragune; la doctrina Parot, también anulada por el Tribunal Europeo... Hace unos días, en el momento cumbre de la negociación PSOE-Junts un juez imputó por “terrorismo” a Carles Puigdemont en las protestas de Tsunami Democràtic cuando ni la Guardia Civil ni la Fiscalía comparten ese criterio. Si estos casos no son lawfare, se le parecen mucho. Hoy, jueces vascos llevarán a la calle su protesta contra el acuerdo político entre dos partidos, pacto al que ya han sentenciado y condenado sin audiencia, garantías, pruebas ni juicio público, acusado de atentar contra la “independencia judicial”. Si esto, como los casos anteriores, no es judicialización de la política, que baje Maquiavelo y lo vea.
