Quizá para complementar la manifestación del pasado día 12 en Bilbo, los responsables de EH Bildu van a convertir a sus militantes en propagadores pueblo a pueblo de su propuesta de Pacto de Bienestar presentada el 5 de octubre en Donostia. No cabe duda de que así, a botepronto y ofrecido a manos amigas, el contenido de la propuesta será aceptado con entusiasmo por sus receptores, muchos de los cuales muy posiblemente tuvieron conocimiento de ello en la mani de Bilbo. La verdad, la descripción del país que hace el texto del Pacto es no solamente negativa sino hasta lúgubre, una situación que es necesario revertir por “la degradación de los servicios públicos y el aumento de las desigualdades sociales”. Degradación y desigualdad para la que el Pacto de Bienestar propone su hoja de ruta salvadora: reforzar los servicios públicos y un reparto “radical” de la riqueza.
Difícilmente los destinatarios de la propuesta pondrían ni un solo reparo a las “medidas paliativas” que EH Bildu propone para alcanzar el Bienestar, y que están en la base, en la columna vertebral ideológica de la coalición. Nadie de sus votantes habituales estaría en desacuerdo con medidas paliativas como “impulsar infraestructuras de energías renovables público-comunitarias”, o gravar los beneficios de las empresas eléctricas, o a que “las rentas de hasta 40.000 euros reciban un bono energético progresivo y con ayudas directas a pymes y autónomos”. Nadie va a poner pegas a la oferta del Pacto para subir los salarios hasta los 1.400 euros mínimo y las pensiones a 1.080. Añádase a estas mejoras la gratuidad del transporte público para menores de 12 años, los estudiantes, los beneficiarios de la RGI, además de bonificaciones varias del 80%. A ver quién va a discrepar de que cuando gobierne EH Bildu se incremente el parque de viviendas públicas o se intervenga para que se abaraten los precios de los alquileres, o que se obligue a los bancos a bajar los intereses de las hipotecas.
Como corresponde al constante ejercicio de agitación que viene prodigándose en estos tiempos, el Plan de Bienestar requiere reforzar los servicios públicos, en especial la sanidad, la educación y los servicios sociales, empeño que coincide con los lemas que encabezan las múltiples movilizaciones que se están convocando en los últimos tiempos.
Confía la propuesta de EH Bildu en que para financiar este Bienestar bastaría con una redistribución de la riqueza basada en que “se haga pagar más a quien más tiene y gravar los beneficios de las empresas”, axioma que suena muy bien desde un abstracto de la justicia. Que las empresas, que no son de fiar, paguen por los resultados contables y no por los beneficios que declaren. Y ya puestos, que se subvencione con 1.200 euros a las personas con ingresos por debajo de los 20.000. El Bienestar requiere también sustituir el Impuesto de Patrimonio por el de la Riqueza y las Grandes Fortunas, que suena como ir más en serio.
El Plan de Bienestar se viene arriba y propone “una revolución empresarial”, un nuevo Modelo Empresarial Vasco en el que la distribución de los beneficios no contemple reparto de dividendos, sino que se dedicarían a la inversión y la mejora de condiciones de la plantilla.
Propone el Plan de Bienestar cuáles son los sectores prioritarios para invertir y cuáles no, o sea, prioridad para la adaptación ante la emergencia climática o la transición energética, y moratoria para superestructuras como el TAV. Algo de esto ya nos suena, ya.
El papel lo aguanta todo y este Plan de Bienestar, sin duda, será tan bien acogido por el sector social identificado con EH Bildu, que puede coincidir perfectamente con su programa electoral. Para que se cumpla esta utopía se echan en falta soluciones prácticas y viables y, como cuestión clave: ¿quién y cómo financia todo esto?