El cambio de manos por parte de la contrata encargada de realizar el servicio de limpieza en las calles de Vitoria, sigue pendiente de la decisión del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Euskadi (OARC en respuesta al recurso presentado por FCC, actual prestataria del servicio y que quedó en segundo lugar en la licitación finalizada en abril.

Incumplimientos de Cespa

La unión de empresas FCC-Valoriza-Balgorza presento ante este órgano el pasado 5 de mayo el escrito en el que solicitaba la exclusión del concurso de Cespa-Onaindia alegando, entre otras, "graves irregularidades" en el apartado económico a la hora de explicar y desglosar una cantidad duplicada de 1,09 millones de euros, en opinión de FCC.

Interpuesto ese recurso el Ayuntamiento de Gasteiz tuvo su correspondiente plazo para presentar las alegaciones y la defensa de sus argumentos ante los planteamientos de FCC. El pasado 10 de mayo se registró ese documento de la institución municipal.

Plazo de dos meses

La manera de proceder del OARC y los tiempos que se toma el organismo a la hora de emitir sus resoluciones se marcan en un plazo temporada de un par de meses hasta que se posiciona y considera los argumentos de una de las partes. Ese plazo de 60 días, situaba en la fecha alrededor del 10 de julio como plazo en el que debiera haberse comunicado a las partes la resolución.

Esa fecha llegó hace más de una semana sin que, hasta esta hora, haya habido pronunciamiento alguno del OARC. DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA contactó a finales de la semana pasada con el organismo implicado y las fuentes consultadas no pudieron tampoco concretar un plazo aproximado en el que posicionarse al respecto y conceder la razón a una u otra parte.

Actuación de la Mesa

La multinacional de Carlos Slim recurrió la decisión adoptada por la Mesa de Contratación, máximo órgano municipal de contratación, a la que acusa de una "actuación deliberadamente contraria a Derecho", según relata en el documento de 49 páginas presentado ante el OARC y al que ha tenido acceso DNA.

Accesibilidad de los contenedores

Además de esas cuestiones económicas, hay otros aspectos puramente técnicos por los que FCC pide también la exclusión del concurso de la filial de Ferrovial. Uno de los puntos en los que fundamenta el escrito ante el OARC se encuentra en el "incumplimiento de la Ley de Acesibilidad de los contenedores" que deben tener la boca de acceso para las personas con movilidad reducida a una altura del 90 centímetros del suelo.

"Estamos ante un incumplimiento notorio, flagrante e indiscutible, que de nuevo ha sido pasado por alto en el informe de valoración de las ofertas", expone el documento de la UTE FCC-Valoriza-Balgorza al que ha tenido acceso este medio.