Pablo Fábregas, miembro del gabinete de la comisaria de Transporte de la Comisión Europea, Adina Valean, ha explicado en la mañana de este lunes a los grupos de las Juntas Generales de Álava el estado de las negociaciones entre los estados miembros y el Parlamento europeo para renovar la directiva de peajes en las carreteras y cambiar el pago por tiempo, las conocidas como viñetas, por el pago por uso.

La comparecencia se ha producido en el seno de la ponencia de sobre la financiación de las carreteras alavesas, a petición del portavoz del PSE Jon Nogales, y en la misma ha asegurado que la previsión es alcanzar un acuerdo en julio, de tal forma que el mismo se publique a principios de 2002. A partir de ahí los estados tendrán dos años para incorporarlo, aunque en todo caso la directiva no obliga a cobrar, sino que faculta para hacerlo.

Fábregas ha explicado que estados y Parlamento negocian sobre una propuesta de la Comisión Europea de 2017 que plantea extender el peaje a todos los vehículos pesados e incluso a turismos y furgonetas, en un marco de fuerte caída de la inversión de los países en sus carreteras. La crisis de 2008 hizo que se pasará de dedicar un 1,5% del PIB europeo a mantener las vías al 0,5% actual.

En ese contexto se ha ido imponiendo la idea en el Parlamento de Estrasburgo de que pague quien usa las carreteras, los conductores, y no el contribuyente en general, y de que se introduzcan criterios de emisiones de CO2 como principal referencia para fijar las diferentes tarifas.

El representante de la comisión ha sido claro. "Es necesario un sistema de financiación alternativo", ha enfatizado Fábregas, que no asegura al 100% que en julio llegue el acuerdo entre Parlamento y Estados, con la Comisión como mediadora, por las diferencias entre los propios países de la UE y porque las posiciones de los dos colegisladores son "antagónicas". Así, los estados son mucho menos ambiciosos en el objetivo de eliminar las viñetas, que presentan menos dificultades técnicas para su aplicación que el pago por uso, pero que también son más injustas.

El fin de esas negociaciones y por tanto el resultado final de la nueva revisión de la directiva europea de 1999 es vital para Álava, territorio con competencias propias en materia de carreteras, y que en unos pocos años asumirá la gestión y mantenimiento de la AP-68, tras haberlo hecho recientemente con la AP-1.

De ahí la constitución de esta ponencia en las Juntas, que reunirá toda la información posible para tomar una decisión sobre la futura financiación de sus vías, en un territorio además de tránsito entre la Península y el resto de Europa que soporta un importante volumen de tráfico internacional.