Tras declarar en rebeldía a Dmitry Piterman e imponer una orden de busca y captura a su nombre en el día de ayer, la Audiencia Provincial de Álava se ha centrado este martes en José Nereo, mano derecha del ucraniano en la gestión del Deportivo Alavés. Se esperaba un acuerdo previo para evitar el juicio, pero este no se ha producido y los magistrados han dado inicio al pleito, en el que la Fiscalía pide siete años y medio de prisión para el empresario cántabro.
Los primeros testigos en salir a la palestra han sido Andoni Echevarría, Jaime Uribe y Fernando Ercilla, administradores concursales del Alavés en su día, y ninguno de ellos ha dudado en señalar a Piterman y Nereo como principales culpables de la situación límite en la que derivó el club babazorro. Cabe recordar, en ese sentido, que la entidad gasteiztarra llegó a presentar una deuda de 25 M€ que le dejó al borde de la disolución.
Los tres han recordado que, en aquella época, el Alavés presentó cuentas que “no reflejaban” la verdadera situación de la sociedad. Algo sobre lo que los auditores avisaron, pero que no se solucionó. “Fueron irregularidades, no errores. Estaban advertidos de que las cuentas no eran correctas y tendrían que haberlas corregido. Si lo hubieran hecho, la situación habría sido otra”, han argumentado los testigos a las cuestiones de la Fiscalía.
Entre esas anomalías, los administradores concursales han destacado que había “revalorizaciones contables” por 3,8 M€ que “no eran reales” y muchos “gastos innecesarios y desproporcionados”, como los producidos por el alojamiento continuado en el Hotel Lakua, donde se quedaban personalidades de distinta índole; los viajes de la familia Piterman a EE. UU. y distintos lugares de Europa o la compra de bienes personales como televisores.
Hubo, asimismo, facturas con emisor desconocido, las cuales intentaban justificar pagos realizados en efectivo, con dinero del Alavés, varios meses antes: “Las cantidades eran elevadas -cerca de 200.000 euros-. Aunque los recibos tenían un NIF, no había ninguna empresa con tales nomenclaturas”. También se contrataban los servicios de sociedades a nombre de Piterman y Nereo, relacionadas con asesoramiento deportivo y seguridad.
Antes de los testigos
Antes de comenzar con la primera ronda de testigos, la defensa de Nereo ha pedido que se consideren prescritos los delitos y que, a su vez, se tenga en cuenta una vulneración del derecho a “un juicio sin dilaciones indebidas”. Además, el letrado ha aportado varios documentos en relación con la causa y ha solicitado que el acusado pueda no solo declarar en último lugar, sino también ausentarse del proceso hasta ese momento debido a su delicado estado de salud.
Tanto la Fiscalía como la acusación particular, el Alavés, han aceptado que el empresario cántabro hable después del resto de testigos, pero no han estado de acuerdo con que no esté presente durante el litigio. Asimismo, han pedido que no se acepten las nuevas pruebas aportadas al no tratarse de informes originales y, por supuesto, han explicado las razones por las que ni el crimen ha prescrito ni se han vulnerado nunca los derechos de Nereo.
La respuesta del tribunal ha sido clara y concisa: ha aceptado que el acusado declare en el último lugar, aunque sin permitirle abandonar la sala durante los demás testimonios; ha apuntado que se manifestará en la sentencia acerca de la supuesta prescripción y las dilaciones; y ha dado un sí condicionado a los documentos. Para que sean aceptados, el abogado de Nereo deberá presentar los originales en la sesión mañana, aparte de una copia para la Fiscalía y la acusación.
A través de dichos informes, entre otras cosas, la defensa intenta justificar el gasto en seguridad personal que hizo el Alavés durante la gestión de Piterman y Nereo, entre 2004 y 2007. Se menciona, por ejemplo, la aparición de sus nombres como objetivos de la banda terrorista ETA -el comando Donosti, en concreto- y la licencia del segundo de ellos para portar armas, lo cual hacía con asiduidad, utilizar matrículas alternativas, etcétera.
El juicio terminará mañana con la declaración de Nereo, siempre y cuando, claro está, las partes no lleguen antes a un acuerdo para evitar la resolución del tribunal. Como se ha comentado previamente, la Fiscalía solicita siete años y medio para el empresario cántabro por apropiación indebida y falsedad contable. Algo que la acusación particular pide elevar a nueve y medio.
