vitoria. Un antiguo dirigente del Deportivo Alavés acostumbraba a decir que el papel lo aguanta todo, en referencia a los desmanes económicos que solían cometer otros clubes en sus presupuestos. Lo complicado, insistía, es trasladar después esos números a la economía real, lo que generalmente se traducía en agujeros negros de muy difícil solución. Pues bien, los actuales responsables de la entidad del Paseo de Cervantes parecen haber decidido entrar en este peligroso juego. Al menos, eso se desprende de las cuentas que presentarán en la próxima junta de accionistas del día 26.
Y es que el equipo de trabajo de Josean Querejeta ha recurrido a sendos artificios contables para maquillar su balance de resultados de la temporada pasada. Con su regreso al fútbol profesional, el Alavés está sometido al estricto control y vigilancia de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) y el Consejo Superior de Deportes (CSD), que en los últimos tiempos han intensificado sus esfuerzos por controlar la disparatada economía del balompié español. Al igual que el resto de clubes de Primera y Segunda, debe someter sus números a la aprobación de ambos organismos y, en consecuencia, les ha aplicado una mano de pintura para tratar de que pasen este exigente filtro sin demasiados problemas.
Dos son fundamentalmente los apartados en los que ha recurrido a la ayuda de la ingenieria financiera y en ambos con el mismo objetivo, aumentar su balance patrimonial. De esta manera, en los resultados de la pasada temporada ha incluido dos puntos hasta ahora desconocidos. Por un lado, ha transformado el leasing (alquiler) que hasta ahora se aplicaba a los terrenos de Izarra -en virtud del acuerdo político alcanzado en su día con la Diputación- en una venta, lo que le permite calificar este concepto como activo financiero. Además, considera también como activo el convenio de uso preferente de Mendizorroza (al que le quedan diez años de vigencia y por el que abona un canon de 120.000 euros anuales). Según los cálculos de un tasador al que ha recurrido el club, este acuerdo tiene un valor de dos millones de euros. Sumada esta cantidad a lo logrado por Izarra, los responsables económicos del Alavés logran rebajar sustancialmente el saldo patrimonial negativo que presenta la entidad que pasa de más de diez millones a menos de 1,5. Así, tratan de evitar que la LFP les obligue a llevar a cabo una nueva ampliación de capital -totalmente inviable en estos momentos- para hacer frente a ese desfase. Con las cifras iniciales, se antoja inevitable esa decisión de la patronal mientras que con las maquilladas podría prosperar la argumentación albiazul de cuadrar los números a través de la búsqueda de financiación externa (un nuevo crédito o ingresos extraordinarios).
Al margen de estas maniobras sobre el papel, las cuentas reales reflejan que el Alavés obtuvo un beneficio el pasado curso de 870.000 euros, que se han dedicado prácticamente en su totalidad al pago de uno de los plazos del convenio de acreedores. Por lo que respecta a la temporada que viene, el consejo de administración presentará a sus socios un presupuesto de 7.231.000 euros de ingresos y 5.671.000 de gastos, con lo que prevé un superávit de 1.560.000 que se destinaría a pagar el último plazo del convenio y el canon obligatorio por competir en Segunda.