Vitoria. Aunque nadie albergaba ningún tipo de duda respecto a su resolución favorable y se trataba de un trámite que se cumplimentaría sin problemas según sus rectores, el Alavés se aseguró ayer oficialmente su continuidad en Segunda B y evitó el descenso administrativo. La entidad vitoriana depositó ayer en la Federación Española el aval de 200.000 euros necesarios para ser inscrito en la competición a partir de la próxima campaña. Su presentación constituía un requisito indispensable para poder tomar parte en un torneo donde los grupos todavía no se han decidido a la espera de saber la identidad de los conjuntos que se quedan por el camino debido a su falta de liquidez.

En la misma tesitura que el Alavés se hallaban la friolera de 26 equipos dentro de la categoría. Al cierre de esta edición -el plazo expiraba a las 24.00 horas de la noche-, muchos de ellos no habían resuelto favorablemente este trámite y vivían una dolorosa agonía. Mientras en el lado positivo de la balanza se ubicaron el Cádiz, el Lucena o el Guijuelo, otros como el Denia o el Puertollano fueron incapaces de presentar el aval y consumaron un descenso que incluso podría desembocar en desaparición. En el caso del Jaén, el Juzgado de lo Mercantil envió un auto relativo al Concurso de Acreedores para permitir su inscripción.

impagos durante tres años Las razones que impulsaron al ente federativo a imponer al Alavés la necesidad de este aval obedecen a que su situación se enmarca dentro de las circunstancias descritas en el apartado A del artículo 105 del Reglamento General de competición. Dicho artículo señala con claridad que los clubes, como es el caso del vitoriano, que hayan tenido algún tipo de denuncias ante la Comisión Mixta por impago a jugadores dentro de las últimas tres temporadas y, como consecuencia, hayan visto suspendidos sus derechos federativos, al menos en dos ocasiones, por deudas por un valor inferior a 100.000 euros (acumulables) deberán presentar un aval de 200.000 euros si quieren participar en la competición del próximo año.

Si las deudas contraídas son más importantes o incluso han llevado a provocar el descenso administrativo de la entidad, la cantidad a avalar pasa hasta los 250.000 y 400.000 euros respectivamente.