Vitoria. El futuro del Deportivo Alavés cada vez se presenta más negro viendo la batalla política que se ha desatado en los últimos días a causa del anuncio del alcalde de Vitoria, Javier Maroto, de la solución elegida para proceder a garantizar los 800.000 euros del crédito de dos millones que el grupo inversor considera necesarios para proceder a la capitalización y que estaban sin cubrir por avales. El anuncio del regidor vitoriano de que iba a ser Gilsa, a través de un contrato de esponsorización, la sociedad encargada de garantizar esos 800.000 euros parecía la solución definitiva, pero dicho anuncio no tardó en levantar una polvareda que ayer siguió aumentando hasta alcanzar límites insospechados que dejan bien a las claras que el acuerdo entre los principales grupos políticos de la provincia para salvaguardar el futuro del Alavés no se encuentra cercano.

Mientras Maroto y su predecesor en el puesto, Patxi Lazcoz, se cruzaban reproches en Twitter, desde el Departamento de Industria del Gobierno Vasco -del que depende Sprilur, miembro de Gilsa-, se hizo público "un informe jurídico para conocer la legalidad de las posibles actuaciones anunciadas por el alcalde de Vitoria" y el mismo resulta devastador para los intereses de Maroto, quien en su anuncio también había presentado tres informes jurídicos que otorgaban validez a la propuesta del contrato de esponsorización al Alavés a cambio de esa garantía de 800.000 euros.

Dicho informe concluye que "jurídicamente cualquier operación económica por parte de Gilsa en apoyo al Alavés es imposible" al no encontrarse "dentro del objeto social" de la misma, donde no consta la concesión de operaciones de financiación. Además, el informe también indica que esta operación "debería comunicarse a la Comisión Europea por ser susceptible de incurrir en una ayuda de Estado" que podría conducir a la incompatibilidad. Además, el informe indica que, en caso de impago y de ejecución del aval, se menoscabaría el patrimonio de Gilsa, lo que podría acarrear la responsabilidad de sus consejeros. Por ello, desde el departamento de Industria se insta a que dicha operación sea aprobada por el departamento de Economía y Hacienda.

Antes del anuncio de su solución, Maroto esperaba contar con el respaldo de los dos representantes de Sprilur en el consejo de administración de Gilsa, pero queda claro que no va a ser así. "Lo último que podíamos pensar es que el escollo para salvar al Alavés fuese que los socialistas diesen marcha atrás y voten en contra de la solución", señaló el alcalde a mediodía tras expresar el anterior regidor, Patxi Lazcoz, en Radio Vitoria sus dudas acerca de la viabilidad legal de la propuesta del contrato de esponsorización.

A partir de ahí, Maroto y Lazcoz se enredaron en una discusión a través de Twitter en la que se lanzaron reproches mutuos, el primero poniendo en tela de juicio la actitud de los socialistas al no apoyar su solución y el segundo acusando al alcalde de no contar con el resto de fuerzas políticas para alcanzar un consenso global en el que sigue faltando el apoyo del Partido Popular al convenio rubricado por Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista de Euskadi. Ni reunidos en torno a una mesa ni encerrados durante horas en un despacho, las que parecen las mejores manera de encontrar soluciones. Mucho mejores, al menos, que enredarse en discusiones a través de Twitter mientras el Alavés languidece.