Vitoria. Se ha hecho esperar durante meses poniendo el corazón en un puño más de una vez a los aficionados albiazules pero ayer, tal y como avanzó DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA, por fin la fumata blanca ascendió al cielo desde las oficinas de Mendizorroza. Representantes del Deportivo Alavés y Saski Baskonia sellaron el acuerdo para cerrar el traspaso de poderes en El Glorioso. El ansiado desenlace llegó tras una reunión entre los dos grupos que se desarrolló en los despachos de Mendizorroza desde aproximadamente las once y veinte de la mañana hasta poco después de las tres de la tarde. En la cita estuvieron presentes el todavía presidente Alfredo Ruiz de Gauna, su hija y consejera delegada, Vanessa, su socio Guillermo Asarta, el contable Fernando Domezain y la abogada Cecilia Maysounave por parte del club albiazul y Avelino Fernández de Quincoces (futuro presidente), Juan José Seoane (abogado) y Manu Mendi (contable) en el lado de la mesa baskonista.

Como resultado del encuentro, la entidad alavesista hizo público un escueto comunicado en el que anunciaba que "los miembros del consejo de administración del Deportivo Alavés SAD y los representantes de Saski Baskonia SAD han suscrito un acuerdo sobre la capitalización y el traspaso de poderes, en los términos que públicamente se indicaron en su día". Pese a la parquedad en detalles de la nota -ninguna de las partes quiso ofrecer más información y ambas optaron por el mutismo más absoluto-, sí quedó resuelto el asunto principal, que no es otro que el desembarco del grupo liderado por Josean Querejeta en la entidad del Paseo de Cervantes, con todo lo que ello supone.

Principalmente, el desembolso de 2,5 millones de euros en el proceso de capitalización que vive la institución y que deben servir para poder hacer frente a los múltiples compromisos de pago de carácter inmediato que tiene pendientes de abono desde hace meses el Alavés como consecuencia de la precariedad máxima de sus arcas. Además, queda pendiente de resolución todavía la concesión del crédito por valor de otros dos millones de euros por parte de Caja Vital.

Esta fue una de las condiciones imprescindibles que planteó el grupo inversor liderado por el Baskonia para continuar adelante con su iniciativa y, pese a que hasta el momento no se ha cerrado la operación, todo apunta a que también recibirá el visto bueno definitivo en breve. De hecho, en la tarde de ayer se produjo una reunión de la cúpula directiva de la entidad de ahorro -en la que también estuvo presente el diputado de Hacienda, José Luis Cimiano- con este asunto como único punto del orden del día.

En la misma se pusieron las bases para desbloquear la situación, en punto muerto desde hace semanas. El principal problema estribaba en los avales que presentaba el Baskonia para conseguir el crédito, que no satisfacían las exigencias del comité de riesgos de la Vital. El grupo de Querejeta pretendía ofrecer como garantía el alquiler de Izarra a la Diputación durante diez años a razón de 200.000 euros anuales y las subvenciones pactadas con las instituciones. Al no prosperar esta fórmula, se ha buscado como alternativa que sea una empresa pública de titularidad foral -Álava Agencia de Desarrollo- la que ejerza de avalista. Salvo sorpresa inesperada de última hora que eche al traste la negociación, ese movimiento permitirá que el club reciba la importante inyección económica de dos millones de euros.

Movimiento en los juzgados De esta manera, incluso podría llegar a producirse el traspaso de poderes en el consejo de administración del Glorioso sin que oficialmente se hubiese concedido el crédito para que éste llegara unos días después con Avelino Fernández de Quincoces instalado ya al frente de la presidencia.

Por otro lado, también deben producirse movimientos en el Palacio de Justicia, donde se espera la sentencia de la jueza encargada del caso sobre el múltiple incumplimiento del convenio de acreedores por parte del Alavés. Una vez cerrado el acuerdo que permitirá la llegada del grupo de Querejeta al club, parece evidente que de manera inmediata se producirá un movimiento por parte de los acreedores para desistir de sus reclamaciones.